Etelvina de Bonagas, entre los mejores pagados de la administración pública (más de $13 mil al mes), dijo que su salario es un ‘derecho adquirido’. Negó que la UNACHI sea un botín político.
Etelvina Medianero de Bonagas, rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), apareció en escena 13 días después de que el presidente Laurentino Cortizo sancionó la ley que le permite reelegirse en el cargo por un tercer periodo.
Vestida con pantalón y chaqueta de color crema, una camisa estampada y un collar de perlas grandes, acudió ayer a la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional. Iba a sustentar la memoria de su institución de 2021.
Antes de entrar en ese despacho, fue cuestionada por varios periodistas sobre los escándalos que han rodeado su gestión, pero en esa oportunidad ignoró las preguntas.
En el salón de la comisión, instancia presidida por la diputada perredista Alina González, se acordó aplazar su comparecencia. Se alegó falta de quórum debido a que varios de los comisionados debían acudir al pleno que a esa hora (11 a.m. aproximadamente) estaba sesionando. El diputado independiente Gabriel Silva pidió que el encuentro con la rectora sea en un despacho grande para que se le puedan hacer preguntas.
A su salida de la comisión, no pudo esquivar las preguntas de los periodistas. “Respeto mucho a la prensa, ha habido mucha información infundada. Créanme que todo lo que se hace en la UNACHI, como institución pública, tiene todo el refrendo de la Contraloría”, fue uno de los primeros argumentos que dio.
Justificó que su hijo, Moisés Bonagas Medianero, tenga una consultoría en la Autoridad de Descentralización, entidad a cargo de Francisco Vigil, quien a su vez, es docentes tiempo completo en la UNACHI y goza de una licencia con sueldo. “Mi hijo es un profesional como cualquier otro profesional. El director de la Descentralización, inclusive, fue nombrado –como docente– en un período en que yo no era rectora y los profesores se ganan llegar a la universidad mediante banco de datos, donde la rectora ni tiene nada que ver con eso”, dijo, y agregó que tiene entendido que Vigil tiene muchos años de ser docente en la UNACHI.
Moisés Bonagas, el hijo de la rectora, obtuvo una consultoría de $49 mil en momentos en que la oficina de la Descentralización tenía rango de Secretaría, y el pasado 3 de enero recibió otro contrato de “servicios especiales” por $36 mil, que tendrá vigencia hasta diciembre próximo.
Mientras, Vigil recibe $4 mil 748 al mes producto de una licencia con sueldo en la UNACHI. En la Autoridad de Descentralización, gana $4 mil en concepto de salario y otros $3 mil en gastos de representación. Es decir, que mensualmente el exalcalde de David y militante del oficialista Partido Revolucionario Democrático recibe $11 mil 748 del Gobierno.
El botín político
La rectora aseguró que “es muy falso” que la UNACHI sea un botín político. Manifestó que la Dirección de Recursos Humanos es la que se encarga del reclutamiento y añadió que la selección del personal se hace “de acuerdo con las necesidades”, porque la universidad “ha crecido en cuanto a estudiantes”.
“Y es verdad que yo a las finales firmo, pero después de todos los procedimientos que tienen que hacerse”, indicó la rectora. Aseguró que no ha hecho “un solo nombramiento desde enero de este año”.
Pero, una investigación de La Prensa reveló que la planilla de la UNACHI sí creció entre enero y febrero de este año. Por ejemplo, en enero pasado fue contratada una doctora para la rectoría con salario mil 250 dólares con 50 centavos.
El salario
Sobre los $13 mil 891 mensuales que gana en la UNACHI, Medianero de Bonagas contestó que tiene 44 años de estar laborando en la universidad, “donde he venido de abajo, como asistente de estadística ganando 380 dólares (…) todo está mal infundado” (sic).
Y, entonces, explicó algunas sumas. Como profesora titular, dijo, gana una “X cantidad”. Le llamó “derecho adquirido” por los 44 años que tiene laborando en la universidad. Como rectora, añadió, gana $7 mil: $4 mil en salario y $3 mil en gastos de representación. “Lo otro es como profesora titular”, aseguró y citó el artículo 67 de la Ley 4 del 16 de enero de 2006, que los “mandata” a homologarse con la Universidad de Panamá”.
Con respecto a la posibilidad de renunciar a los gastos de representación, dijo: “Yo quisiera que esas personas que quieren la rectoría se quiten los gastos, si ese es un derecho adquirido. Yo, como docente de 44 años que me gano la vida en la universidad, ¿cómo, yo, me voy a quitar ese salario?, si es un derecho adquirido”, manifestó.
Los diputados
¿Solicitó el apoyo a los diputados para que se aprobara el proyecto ley 756 que permite su reelección?, le preguntó un periodista.
La rectora respondió que el Consejo General Universitario es el máximo orden de la institución y que allí es donde les indican qué temas pueden aprobarse.
“Ellos [el Consejo General Universitario] aprobaron casi unánimemente que la ley se podía aprobar. (…) Todas las universidades, creo que la Tecnológica (Universidad Tecnológica de Panamá) y la Universidad Autónoma de Chiriquí eran las únicas que no tenían reelección. La Universidad de Panamá la tiene abierta”, añadió.