El concepto Constituyente significa que constituye o establece, que permite erigir los cimientos y resto de la estructura sobre la cual desarrollar el cuerpo normativo de un Estado.
El concepto Constituyente significa que constituye o establece, que permite erigir los cimientos y resto de la estructura sobre la cual desarrollar el cuerpo normativo de un Estado. Hace poco oí a un abogado afirmar que la Constituyente no es posible, porque el artículo 314 de la Constitución Nacional lo impide; en todo caso, dijo, la única salida sería la Constituyente paralela.
Al parecer, el letrado, al igual que muchos ciudadanos, ignora que la fuente del poder público reside en la voluntad del pueblo, como consigna nuestra actual Constitución Política, en su artículo 2: “El poder público solo emana del pueblo”. El artículo 314 fue introducido en las reformas del 2004, cuando el poder económico, decidido a asegurar el control permanente y absoluto del poder político, por vía de la Democracia Cristiana, pactó, con los sectores dominantes, disfrazar de norma constitucional una disposición que anula, desvirtúa o neutraliza el principio que le confiere legitimidad al ejercicio del poder público, que es precisamente la voluntad de la mayoría ciudadana.
La sociedad en su conjunto se conduce como un ser vivo, cambia en el tiempo; por lo cual, no cabe, bajo circunstancia o condición alguna, la existencia de normas jurídicas inamovibles, de carácter permanente o de forzoso cumplimiento. Las leyes las elabora el hombre, por tanto, son y deben estar para servirle; no al revés. Además, toda obra humana es perfectible, de aquí que, continuamente, las leyes deban ser revisadas y ajustadas a los intereses y necesidades de la sociedad a la cual sirven. La esclavitud, el apartheid, el colonialismo y hasta el holocausto, fueron legales. En Francia, cuna de la democracia, a fines del siglo XVII, el Vasallaje y el Despotismo, también lo fueron. Y si hay un pueblo que debería comprenderlo bien, somos nosotros, que padecimos la humillación, “legalizada” en el Tratado de 1903, incluida en la Ominosa y vergonzante cláusula de perpetuidad, que le permitió a los Estados Unidos ejercer, dentro de nuestro territorio, su jurisdicción, como si fuera Soberano. Si, en 1964, los estudiantes del Instituto Nacional hubiéramos tenido esa obtusa concepción sobre la legalidad vigente, aún seguiríamos negociando reformas a dicho Tratado, para obtener migajas; y ni soñar con la recuperación de la integridad territorial; exactamente lo mismo que hicieron con la leguleyada del artículo 314, con la que introdujeron el Ardid del paralelismo, útil para coartarle a la mayoría ciudadana el derecho a hacer valer su voluntad.
El objetivo fundamental de las leyes es servir a la justicia, o sea, al bien común. José Ingenieros sostuvo: “Acatar la ley es un acto de disciplina, pero a veces implica una inmoralidad; respetar la justicia es un deber del hombre digno, aunque para ello tenga que elevarse sobre las imperfecciones de la ley” … Ningún conjunto de notables, juristas expertos, partidos políticos u organizaciones de cualquier índole, podrían construir una alternativa legítima ni capaz de permitirnos superar los vicios de un modelo “democrático” agónico, por corrupción, Impunidad y demagogia. La única alternativa, cívica y pacífica, que permitiría la transición del inoperante ordenamiento institucional existente, hacia un nuevo orden, humanista y genuinamente democrático, es una Asamblea Constituyente, no mediatizada.
La Constitución vigente, parida en los cuarteles, en 1972, fue modificada en 1978, 1983, 1994 y en el 2004, mediante actos reformatorios que dejaron intacta la concepción filosófica de un Estado al servicio incondicional del poder económico, en Flagrante menoscabo de la atención y solución de las genuinas necesidades de la mayoría. Lo cual mantiene estable la fementida democracia, caracterizada esta por una institucionalidad que fomenta el egoísmo y la exclusión, generando profundas e insalvables desigualdades.
Mientras escribo estas líneas, en el recinto donde la costumbre pareciera ser la de deshonrar la memoria del fundador de la patria, el Dr. Justo Arosemena, acaban de aprobar una “ley para proteger el empleo”, acto ignominioso e injuriante, que revela la indolencia y vesania de un Gobierno que se conduce como si no le importara el dolor y el sufrimiento que dicho esperpento, sin duda, traducirá sobre la mayoría de la población. Lafayette dijo: “Cuando el Gobierno viola los derechos del pueblo, la Insurrección es el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes”. Si consentimos las reformas aprobadas al Código de Trabajo, ¿qué no harán con el Seguro Social?. En vez de seguir sembrando vientos, deberían asumir el reto, renunciar y convocar la Constituyente; por ser la salida racional, pacífica, y única capaz de conferirle legitimidad al ejercicio del poder público. Deponer intereses, cualquiera sea su naturaleza, para sin más dilación, dedicarnos a consensuar un Proyecto Nacional de Desarrollo y construir un modelo de sociedad que le confiera prioridad a las genuinas necesidades de la mayoría, con un nuevo orden jurídico, basado en la solidaridad social y en la prevalencia del interés colectivo.
Martí dijo: “Pueblo que se somete, perece”.
¿Cuál será nuestra opción, perecer o enfrentar el desafío? ¿Usted qué opina?
Autor: Leopoldo Santamaria
Médico