Por: Cristian Nieto Guerra – Docente universitario.
Panamá vive una paradoja tan brillante como incómoda: tenemos una de las rutas estratégicas más importantes del planeta, pero seguimos administrando el Estado como si fuera una junta de vecinos. Y cuando un país es estratégico, el desorden interno no se queda en casa: se vuelve un imán para presiones foráneas, “asesorías”, narrativas externas y para ese oportunismo que siempre aparece cuando la institucionalidad se debilita.
En ese escenario, dos discursos globales compiten por el mismo espacio mental (y por los mismos contratos); el “Libro Blanco” chino, que se presenta como cooperación, desarrollo y relación de “ganar-ganar” sin moralidad ni civismo; y el “Donroe” —una Doctrina Monroe reempaquetada con estética de ultimátum— que se justifica como seguridad, estabilidad y control geopolítico unidireccional. Dos estilos distintos, un mismo punto de entrada: la debilidad del Estado panameño para autogobernarse.
La discusión pública suele caer en una trampa: creer que todo se reduce a quién “manda” en el Canal o quién controla puertos, logística, telecomunicaciones o quienes gobiernan el país. Sí, esos temas importan. Pero el asunto más peligroso no es un país u otro; es que Panamá tenga instituciones tan frágiles que cualquier influencia externa —de EE. UU., China o de la “República Independiente del Lobby”— encuentre puerta abierta.
Cuando el Estado funciona, negocia desde la soberanía y la transparencia. Cuando el Estado no funciona, negocia desde la urgencia y el miedo. Y la urgencia es mala consejera: firma rápido, explica tarde y paga caro.
China ofrece una narrativa seductora para países cansados de sermones norteños: respeto, no injerencia, inversión, infraestructura, tecnología, conectividad. En el papel, es un menú completo: desarrollo, innovación, proyectos “verdes”, cooperación digital, financiamiento, cultura, intercambio educativo. ¿Quién no quiere eso?
El problema no es desearlo. El problema es cuando el Estado no tiene el músculo técnico ni el carácter ético para negociar sin convertirse en rehén del financiamiento, del proveedor único o del contrato opaco. Cuando la institucionalidad es débil, la cooperación puede mutar en dependencia; la cual en política, no necesita cadenas: solo cláusulas.
Del otro lado, “Donroe” funciona como una doctrina de sospecha permanente: si un país es estratégico, debe alinearse; si no se alinea, se “corrige”; si duda, se presiona. La narrativa se viste de seguridad regional, lucha contra el crimen, protección del comercio global. Y cuando el tema toca rutas marítimas, energía, migración o geopolítica, la palabra “neutralidad” se vuelve un campo minado: todo el mundo la invoca, pero cada quien la interpreta a su conveniencia.
Aquí el riesgo es que Panamá termine atrapada en el falso dilema: “o conmigo o contra mí”. Y esa lógica, aplicada a un país pequeño pero estratégico, es la receta perfecta para que la soberanía se vuelva un eslogan, no una práctica.
Pero sería ingenuo pensar que todo viene de afuera. La ingobernabilidad también tiene proveedores locales. Siempre los ha tenido. Son los que convierten el Estado en botín, la ley en laberinto y la justicia en sala de espera. A veces se disfrazan de legalistas, a veces de patriotas, a veces de expertos. Su negocio no es gobernar bien; su negocio es que nada se gobierne del todo, porque el desorden es rentable.
Ese es el oportunismo:
- Oportunismo para negociar “servicios” y concesiones sin luz pública.
- Oportunismo para bloquear reformas reales mientras se venden como defensores de la institucionalidad.
- Oportunismo para usar la bandera como cortina y la Arca del Estado como objetivo.
Y cuando se dice: “si este Estado no se reforma, fracasaremos… el sistema jurídico-político vigente no funciona”, no se está describiendo una filosofía; se está describiendo un diagnóstico. El problema es que, apenas se menciona reforma profunda, aparecen los “guardianes” del sistema, que curiosamente viven muy bien dentro de él.
No es “¿China o Estados Unidos?”. Esa pregunta es cómoda porque evita mirarnos al espejo. La pregunta correcta es: ¿Tenemos un Estado capaz de negociar con cualquier potencia sin venderse, sin improvisar y sin dejarse capturar?
Si la respuesta es “NO”, entonces el debate geopolítico es secundario: primero hay que construir gobernabilidad auténtica. Y esa gobernabilidad no nace de discursos bonitos ni de pactos entre cúpulas. Nace de instituciones que:
- Castiguen la corrupción de forma real.
- Impidan el conflicto de interés.
- Vuelvan transparente la contratación pública.
- Aseguren una justicia independiente que no “atienda por turno”, sino por derecho.
Un país puede tener puertos, autopistas, bancos y tecnología. Pero si no tiene Estado confiable, todo eso se vuelve vulnerable. Porque la ingobernabilidad hace que cualquier presión externa se sienta como “inevitable”, cualquier inversión se vuelva “intocable” y cualquier contrato se vuelva “secreto por seguridad nacional”. Y así, poco a poco, los gobiernos se acostumbra a vivir administrando consecuencias en vez de construir futuro.
Panamá necesita una gobernabilidad que no dependa del carácter de un presidente, ni de la moda geopolítica del momento, ni del miedo a una potencia u otra. Necesita reglas estructurales que sobrevivan a los gobiernos, que limiten el abuso, que obliguen la transparencia y que devuelvan poder real al soberano: la ciudadanía.
“Libro Blanco” y “Donroe” son dos narrativas de poder. Pero ninguna debería definir el destino panameño. Lo que lo define —y lo que hoy nos está pasando factura— es la facilidad con la que el país queda expuesto cuando el Estado se vuelve frágil, conquistable y opaco. Ese es el verdadero problema: la ingobernabilidad como oportunidad de negocio para unos pocos, y la normalización del perjuicio cotidiana para la gran mayoría.
Si Panamá quiere una auténtica gobernabilidad —no de discursos cada 2 de enero, sino de resultados— debe asumir el único camino que ataca la raíz: una nueva Constitución que garantice una real democracia, justicia social, independencia de poder y justicia jurídica certera, como mecanismo institucional para reconstruir la confianza, cerrar la puerta al oportunismo y abrir, por fin, un futuro gobernable y mejores días para los panameños.