“El enemigo es uno solo, pero con diversas máscaras, numerosos cómplices, actuando en todas las instituciones. Para rescatar el país… unidad por la Constituyente”
¿Quién, en uso de sus facultades mentales, que consulte al médico, aprobaría someterse a una cirugía mayor, sin exámenes previos de laboratorio y/o pruebas que permitan descartar o confirmar la enfermedad? ¿Quién así no consultaría a otros especialistas ni pediría información sobre las probabilidades de recuperación y riesgos de complicaciones?; además, el consentimiento es deber del médico y derecho del paciente; cuyo incumplimiento genera responsabilidades.
Valga el símil para advertir que la iniciativa del Gobierno, que, junto con el sector empresarial, decidieron reformar la Ley de la CSS, repitiendo el guion del 2005: “son imprescindibles para evitar el colapso financiero”, asestándole un golpe devastador al pilar fundamental de la viabilidad de la institución, que es la solidaridad. Si los verdaderos accionistas de la CSS, que son los trabajadores, lo permiten, habría una catástrofe social, porque la plataforma vigente, en vez de propiciar el control de los procesos administrativos, estimula la corrupción; el estado actual de las prestaciones médicas, las compras de medicamentos con sobreprecios escandalosos, los negociados mediante privatización de servicios, como hemodiálisis, estudios especiales y cirugías diversas, son hechos graves, encubiertos por directivos incapaces de proteger el patrimonio bajo custodia o ¿dónde están los informes financieros de la entidad?, ¿qué han investigado?, ¿el programa colectivo de viviendas?, ¿la mora patronal, la racionalidad de las inversiones, el contrato de la C. de la Salud?, ¿el dietilenglicol?, ¿las muertes por KPC?, ¿las neonatales?, ¿las compras de medicamentos; ¿de los tomógrafos? o ¿la mala práctica médica?, denunciada públicamente.
La Estrella de Panamá, en el 2015, publicó el artículo Auditoría en la CSS, que fue debatido en la Dirección Nacional de Auditoría y, aunque admitieron la validez del texto, reconocieron la imposibilidad de correctivos, porque “desde hace mucho tiempo, la institución se maneja políticamente, no se administra”.
Los males de la CSS se deben al modelo político vigente; autoridades residuales, de todos los bandos, la tienen de bastión político, copándola de personal mediocre y amoral, que empresarios de igual calaña, expertos en fechorías; usan para enriquecerse; la Oligarquía, con el apoyo del FMI y otras entidades van tras el resto de las reservas financieras. Sería absurdo, por tanto, aceptar aumentos en la edad de jubilación, de las cuotas y reducción de las prestaciones, aparte de contraproducente, porque con más dinero solo aumentaría el saqueo.
Lo urgente e inaplazable es una auditoría forense integral, fiable, cuando menos de los diez últimos años, incluyendo administración, finanzas y prestaciones médicas, para identificar a todos los involucrados en lesiones patrimoniales, procesarlos e incautarles los bienes mal habidos; sobraría dinero para proteger el desempleo y construir otra Ciudad de la Salud.
La crisis actual, que es integral y profunda, exige sensatez y coherencia; basta de luchas parciales. Para impedir que los delincuentes acaben con la CSS, con los recursos naturales, el Canal y el resto del patrimonio nacional, que seguirían repartiéndose, lo pertinente es integrar un frente común, para exigir el referéndum por la Constituyente. El enemigo es uno solo, pero con diversas máscaras, numerosos cómplices, actuando en todas las instituciones. Para rescatar el país… unidad por la Constituyente.
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Autor: Leopoldo Santamaria
Profesión: Médico