Denuncié haber sido destituido por rehusarme a encubrir un caso de infanticidio.
Hace varios Lustros, firmé el protocolo de necropsia de un lactante menor, concluyendo, como causa de muerte: asfixia por sofocación, consignando alteraciones conclusivas de infanticidio; inmediatamente, el funcionario de instrucción me preguntó si podía ayudar a la persona que durmió con el infante; mi respuesta fue: envíeme la solicitud por escrito, la nota nunca llegó, pero comencé a recibir llamadas de despachos similares, cada vez de mayor jerarquía administrativa, con la misma petición e igual respuesta.
Luego fui citado a la Fiscalía del Circuito a declarar, hasta que al terminar la tercera ‘ampliación’, agregué: ‘si la intención es que cambie mi dictamen, si estoy dispuesto a hacerlo, con la condición de que un patólogo forense, demuestre, objetivamente, que el mismo no se ajusta a los hechos‘.
Luego fui citado a la Gobernación, donde acudieron varias autoridades del Ministerio Público y otras del sector salud; pero como carecían de competencia, la iniciativa fracasó. Posteriormente fui citado a la Fiscalía del Distrito, a responder por acusaciones disparatadas que tampoco tradujeron el resultado previsto. Hasta que, finalmente, sin mediar acusación formal, sin investigación y sin mi conocimiento, fui despedido del cargo de médico forense. Por lo que, en el ateneo de Ciencias y Artes de la Ciudad de Panamá, asistido por el Dr. Diógenes Arosemena Grimaldo y el Dr. Silvio Guerra Morales, denuncié haber sido destituido por rehusarme a encubrir un caso de infanticidio. La apelación ante la Sala Tercera jamás fue resuelta.
Atendiendo sugerencia de un colega, le pedí a Monseñor Marcos Gregorio McGrath, que intercediera, NO para ser restituido, sino para que las autoridades conocieran los hechos; de común acuerdo, le pidió al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, analizar la situación; ‘investigación’ que tomó poco más de dos años y para el cual, dos respetados colegas me mantuvieron informado, hasta que poco antes de culminar aquella gestión gubernamental, el Magistrado les comunicó que no se podía hacer nada porque ‘recibió instrucciones para dejar eso quieto‘. Trece años después, por apelación del auto de proceder contra el presunto culpable, la corte suprema reconoció la validez del dictamen pericial emitido por el suscrito.
El maltrato infantil es un crimen abominable, porque la víctima no tiene capacidad para disminuir el daño y menos aún, para impedirlo y su victimario, además puede simular ser su ‘protector’. La denuncia de hechos presuntamente ocurridos en los albergues de menores, es el escándalo más vil, terrorífico y degradante de nuestra historia republicana, hechos que, de comprobarse, jamás nada ni nadie podría justificar; sin embargo, lo peor, estimo, es la conducta del sistema de administración de justicia, hasta aquí observada, incluyendo la inverosímil propuesta de que la institución cuestionada sea acusadora!. Franz Kafka habría palidecido de vergüenza. No obstante el estupor por tanta ruindad, el escenario podría comprenderse a la luz del viejo adagio… ‘aquellos polvos trajeron estos lodos‘; aunque nuestro deber es hacer que impere la justicia, y para ello, estimo, el referéndum por la Constituyente es la vía racional y pacífica; antes que el miasma generado por los delincuentes, nos asfixie al resto de la ciudadanía, que seguro estoy, constituimos mayoría… ¿Usted qué opina?
Autor: Leopoldo E. Santamaría
Sin mediar acusación formal, sin investigación y sin mi conocimiento, fui despedido del cargo de médico forense.