Las puñaladas traperas asestadas por la gobernante empresa criminal conjunta a la población panameña se multiplican impunemente.
Urge una reacción contundente de la ciudadanía para limitar al poder político antes que terminen de acabar con lo que queda de país.
La última actuación de la gobernante empresa criminal conjunta ha sido la decisión de los regentes del Consejo Interinstitucional de Certificación Básica de Medicina, (mediante Resolución Nº1 del MINSA el pasado 3 de marzo) con la firma de los médicos Américo Lombardo y Gerardo Victoria, responde a la orden dada por Cortizo, a través del diputado PRD Crispiano Adames, al ministro Sucre y a su asesor Alejandro Ganci, de rebajar el puntaje del proceso de certificación de los médicos como requisito para entrar al internado. El propósito no es otro que abrir las puertas a la mediocridad y privilegiar a familiares y copartidarios fracasados del gobierno.
Recientemente, también están las revelaciones que permiten aseverar que estamos bajo un gobierno que, por acción y omisión, es responsable primario y cómplice de los abusos, maltratos, torturas y violaciones carnales de los niños de los albergues.
El constitucionalismo autoritario imperante en nuestro país, ha multiplicado sus prácticas autoritarias descaradas y/o encubiertas, arropándose con la pandemia. Como empresa criminal conjunta sus logros son cada vez mayores, pero también dañinos y destructores de la formación social.
El concepto de empresa criminal conjunta hace referencia a una Doctrina Jurídica que se utiliza en los tribunales de crímenes de guerra para permitir el enjuiciamiento de los miembros de un grupo por las acciones del mismo. Esta doctrina considera a cada miembro de un grupo organizado individualmente responsable de los crímenes cometidos por el grupo dentro del plan o propósito común.
Surgió a través de la aplicación de la idea del propósito común y ha sido aplicada por el Tribunal Penal Internacional, en la ex Yugoslavia, para enjuiciar a líderes políticos y militares por crímenes de guerra masivos, incluido el genocidio, cometidos durante las guerras yugoslavas de 1991-1999.
Por ejemplo, «si tres personas cometen un robo a un banco y una dispara fatalmente a una persona en el proceso, la ley considera a todos culpables de asesinato«. El concepto de «responsabilidad colectiva«, en el que más de una persona puede compartir la responsabilidad y el castigo por las acciones de otra persona. (Odriozola-Gurrutxaga, Miren (marzo de 2014). «La doctrina de la empresa criminal conjunta en los tribunales ad hoc y su ámbito de aplicación en el Estatuto de Roma». Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal 1: 86-104. ISSN 2346-3120)
Autor: Miguel Antonio Bernal V.
Catedrático – Universidad de Panamá