Moisés Enrique Medianero Bonagas, hijo de la rectora de la UNACHI, fue contratado por la Secretaría de Descentralización, a través de la Presidencia de la República bajo la figura de “servicios especiales”.
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Presidente dice que esta semana tomará una decisión sobre el proyecto de la UNACHI
El hijo de la rectora de la UNACHI cobró $49,000 entre el 2019 y el 2020, por asesorías tecnológicas brindadas a la institución que actualmente dirige Francisco Vigil, quien cobra doble salario como profesor a tiempo completo en la UNACHI.
Además, el cuñado de la rectora, Javier Bonagas De Gracia, es el embajador permanente de Panamá en la República de Polonia, desde enero del 2020.
Favor a cambio de favor entre el Ejecutivo y la UNACHI
Mientras el presidente de la República, Laurentino Cortizo, afirmó el pasado domingo que esta semana decidirá qué hacer con el proyecto de ley que permite la reelección de Etelvina Medianero de Bonagas como rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí (UNACHI), la presencia de la familia de esta funcionaria en instituciones de gobierno es cada vez más evidente.
Se trata de su cuñado y su hijo. El primero es el actual embajador de Panamá en Polonia y el segundo estuvo contratado por “servicios especiales” en la Autoridad Nacional de Descentralización, en el 2019 y 2020.
El hijo asesor
Es poco lo que se conoce de la experiencia profesional de Moisés Enrique Bonagas Medianero, el hijo de la rectora. Se sabe, si acaso, que aparece como directivo de la casa de estudios propiedad de la familia Bonagas, la Universidad Iberoamericana de Panamá (UNIES). No se sabe si este mérito es suficiente, pero en 2019 y 2020 fue contratado en la categoría de “servicios especiales”, con número de contrato 61-2019, como asesor de tecnología en la Autoridad Nacional de Descentralización (antes Secretaría Nacional de Descentralización), dirigida por Francisco Vigil, exalcalde de David.
Vigil es profesor (en licencia) de la UNACHI. Una investigación de La Prensa dejó al descubierto que, cuando lo designaron director de Descentralización, se acogió a una licencia con sueldo. Cuando esto se conoció, Vigil explicó que, para compensar el doble salario, decidió impartir sus clases los sábados y domingos.
En 2019, la Autoridad entonces era una secretaría bajo el paraguas de la Presidencia de la República, por lo que las contrataciones eran gestionadas y firmadas por esta última entidad.
El primer contrato por “servicios especiales” de Bonagas Medianero empezó mes y medio después de la toma de posesión de Cortizo: del 16 de agosto al 31 de diciembre del 2019. Por estos seis meses de servicio recibió un pago de $13,500, lo que representa $2,250 por cada mes de vigencia del contrato.
Al siguiente año, Bonagas Medianero repitió contrato. Esta vez, por toda la vigencia de 2020, coincidiendo con la pandemia de la Covid-19.
El contrato número 18-2020, que se extendió del 2 de enero al 31 de diciembre del 2020, fue por $36,000; es decir, $3,000 por mes.
En total, durante 18 meses, entre 2019 y 2020, Bonagas Medianero cobró como asesor de la entonces Secretaría Nacional de Descentralización, contratado por la Presidencia de la República, un total de $49,500.
El cuñado embajador
Fue el 14 de enero de 2020 cuando el entonces embajador designado por el presidente Laurentino Cortizo en Polonia, Javier Bonagas De Gracia –cuñado de la rectora– compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores, de la Asamblea Nacional, para exponer su plan de trabajo anual.
Bonagas De Gracia tiene el cargo, según la Contraloría, de embajador “de 2da” (bilateral) y ejerce como representante permanente de Panamá ante la República de Polonia, con un salario de $1,500, además de $3,000 de gastos de representación.
Denuncian penalmente a la rectora
El 23 de marzo del 2022, el exfiscal de Cuentas Guido Rodríguez, abogado de la firma Tejada Abogados, presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal contra Etelvina Medianero de Bonagas, por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.
Dentro de su escrito, Rodríguez señala que, “toda vez que el 2 de marzo del 2022, el periódico La Prensa, publicó en su página web un reportaje titulado ‘UNACHI : Licitaciones a la medida de empresarios vinculados a los Bonagas’, en donde se dio a conocer una serie de contrataciones públicas adjudicadas en la Universidad Autónoma de Chiriquí [Unachi], a empresarios cercanos a la Rectora Bonagas, en dichos casos se presentó un solo proponente, sin que se produjera competencia alguna”.
El abogado pidió “investigar varios actos de contratación pública, para determinar la posible conducta delictiva de la rectora y de quienes resulten penalmente responsables”.
Rodríguez adjuntó diferentes actos de contratación pública, que fueron adjudicados a la empresa que dirige Fabio Carranza Esquivel, quien funge como rector encargado de la Universidad Iberoamericana de Panamá,, según mencionó en entrevista con La Prensa el pasado 1 de marzo del 2022.
Rodríguez también solicitó investigar si se cometió algún fraude en los actos de contratación del Estado, conforme al artículo 365 del Código Procesal Penal.
Además, pidió que el Ministerio Público se base en lo que estipula el requerimiento cautelar personal establecido en el artículo 224, numeral 6, del código citado, para pedir la remoción de Medianero de Bonagas como rectora y representante legal de UNACHI y presidenta de los tres órganos del gobierno universitario: el Consejo Académico, el Consejo Administrativo y el Consejo General Universitario. Rodríguez advirtió que la permanencia de la rectora podría obstaculizar las investigaciones.
Traslados políticos de funcionarios opositores
El pasado domingo 27 de marzo, durante las elecciones de los delegados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), el presidente Laurentino Cortizo, días después de haber recorrido Chiriquí (el feudo de la rectora Medianero de Bonagas) señaló que esta semana decidirá si sanciona o veta el proyecto de ley 756, el cual permite que la rectora pueda postularse para un tercer mandato.
Este lunes, funcionarios que forman parte del Consejo General Universitario y que se oponen públicamente a la sanción del proyecto de ley 756 y a la reelección de la rectora, fueron llamados a capítulo e informados de traslados de posición y funciones en la Unachi.
Esto, a pesar que la Ley 62 del 20 de agosto del 2008, que instituye la carrera administrativa universitaria en las universidades oficiales, con exclusión de la Universidad de Panamá, en su artículo 60 señala que “el traslado es el cambio permanente o temporal de un servidor público universitario de Carrera, de una unidad de trabajo a otra”.
El artículo agrega que dichos traslados se efectúa entre puestos similares o afines, condicionado a “que el servidor sea notificado previamente de esta acción y acepte el traslado”.
Por tanto, según la Ley 62, ningún administrativo permanente puede ser trasladado de su puesto si no está de acuerdo, sin el consentimiento de su jefe directo, el jefe del departamento donde será trasladado y el propio administrativo.
Más manifestaciones
Ayer, los estudiantes de UNACHI realizaron una marcha pacífica para exigir respeto a la autonomía universitaria y expresar su oposición al proyecto de ley 756.
La semana pasada se dieran nuevos enfrentamientos entre estudiantes que cerraron la Interamericana, frente a la sede de la institución en David, Chiriquí, para manifestarse en contra del proyecto de ley, y unidades antimotines de la Policía Nacional, quienes llegaron para solicitar la reapertura de la vía.
Todo esto en medio del silencio público de la rectora Medianaro de Bonagas, quien dio sus más recientes declaraciones a La Prensa, el pasado 2 de marzo del 2022, cuando señaló que enviaría un documento que aun no ha llegado a esta sala de redacción.
Fuente: La Prensa
Periodista: Leonardo Grinspan