Los tiempos que nos acompañan, además de nublados y tormentosos para nuestras libertades y garantías, hacen obligatorio que debamos Otear el horizonte de manera permanente.
La prolongada ausencia de un Estado de Derecho en armonía con los logros alcanzados por los avances teóricos y doctrinales de las Ciencias Jurídicas, después de la caída del Muro de Berlín -en 1989- hacen de nuestro país un terreno propicio a todo tipo de desviaciones y degeneración del Derecho.
La lucha por un Estado de Derecho, con sus principios y valores, no está en la agenda de los factores reales de poder en Panamá y, ni siquiera, en las centenas de organizaciones, asociaciones, círculos, grupos, colegios o Facultades de Derecho existentes. Ello conlleva una atroz deficiencia, agravada por la inexistencia de mecanismos de acción ciudadana, para controlar el poder político y sus arbitrariedades cotidianas. La situación no sólo desmejora sino que empeora, cuando nos encontramos con una Corte Suprema de Justicia en la cual seis (6) de sus integrantes están ahí por la unilateral voluntad de un Ejecutivo, para que estén al servicio no de la ley y los principios constitucionales, sino genuflexos a la voluntad de “Yo el Supremo”, tal como quedó evidenciado a raíz del dedazo en lo del magistrado del Tribunal Electoral.
De la mano del autoritarismo ‘constitucional’, entramos ahora en la juristocracia, un sistema en el que magistrados sojuzgados al partido dominante, dictarán fallos y sentencias que sirvan para legitimar la Impunidad, la corrupción, además del autoritarismo.
Las reuniones semanales con Cortizo y la foto de la magistrada presidente de la Corte con el neonorieguista ministro Pino, ilustra hacia donde vamos con la juristocracia. Solo nos falta la reunión y foto-ocasión con la nueva embajadora y, así, completar el círculo de la injerencia y debida obediencia.
Autor: Miguel Antonio Bernal
Catedrático Universidad de Panamá