“Lo opuesto a la solidaridad es el egoísmo, expresado en la Codicia, de esos patronos que evaden pagar las cuotas retenidas; por eso los negociados, las impugnaciones concertadas…”
La Real Academia de la Lengua Española define la solidaridad como la adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros. La seguridad social es un objetivo superior, un ideal, que comprende protección, resguardo, o amparo, y cuyo propósito es generar bienestar de todos los que integran una sociedad. El concepto es inherente al desarrollo humano, y por tanto, es deber del Estado disponer las estructuras necesarias, al servicio de quienes, por su propio esfuerzo no son capaces de lograr tal bienestar.
Muchos confunden el término con los institutos o cajas de seguridad social, que aunque de protección, solo atienden aspectos específicos, propios del interés de los trabajadores y sus familias, vínculo que se formaliza aportando y se perfecciona cuando la institución cumple las prestaciones requeridas por el usuario frente a las contingencias establecidas. El principio doctrinario fundamental de la seguridad social es la solidaridad, lo cual significa que el trabajador cotiza de acuerdo a sus posibilidades y recibe de acuerdo a sus necesidades.
La solidaridad tiene dos formas de expresión, horizontal y vertical. La horizontal incluye la forma sanitaria, que se establece al solidarizarse el sano con el enfermo; en lo laboral, al solidarizarse el ocupado con el desocupado, al igual que lo hacen quienes tienen menos riesgos, con quienes corren mayores riesgos, y la generacional, al solidarizarse el joven con el anciano. La solidaridad vertical ocurre entre el que percibe mayores ingresos y el que recibe menos. En general la solidaridad es intergeneracional, hecho más evidente, al momento de la jubilación, que proviene de las reservas, del rendimiento de las inversiones y del aporte de los cotizantes activos. Las reservas financieras le confieren estabilidad al sistema, sin ellas, la solidaridad sería imposible.
El desmantelamiento de la institución no es nuevo, ni obedece a una iniciativa local, forma parte de un plan regional, concebido, dirigido y controlado por el capital financiero internacional a través del FMI, y ejecutado en cada país por los Gobiernos “democráticos”; y cuyo propósito es disponer las reservas al servicio de los especuladores, como hizo en Chile, el entonces ministro de Trabajo, José Piñera, que privatizó las reservas y convirtió a los trabajadores en clientes de empresas privadas, llamadas administradoras de fondos de pensiones (AFP), estafa, que veinticinco años después impide que los trabajadores en edad de retiro puedan recibir su pensión por vejez. Aquí, los desprendidos asesores quieren hacer lo mismo, convencer a los trabajadores de las grandes ventajas del sistema de atención médica privada; por lo cual, la atención cada vez es más deficiente; no hay camas, medicinas ni insumos; y por eso urge hacer correctivos, ¡solo posibles con la nueva ley! Pero jamás dirán que el propósito es transferir parte de esos recursos, eminentemente públicos, a grupos de inversionistas, para que especulen en la bolsa de valores.
El golpe asestado a la solidaridad, en diciembre del 2005, fue letal, porque para romper cualquier empresa basta con cerrarle la fuente de financiamiento y precisamente en eso consistió el diabólico plan, ahora solo quieren tomar lo poco que queda. Recuperar la institución es una farsa grotesca, porque ello solo sería posible eliminando el subsistema de capitalización individual, fortaleciendo el sistema solidario e invirtiendo las reservas en el desarrollo nacional; con la misma rentabilidad que reciben los inversionistas; por ello, lo racional es que todo proyecto privado incluya un porcentaje del financiamiento con reservas de la CSS.
Lo opuesto a la solidaridad es el egoísmo, expresado en la Codicia, de esos patronos que evaden pagar las cuotas retenidas; por eso los negociados, las impugnaciones concertadas, para condicionar compras directas de medicamentos, a precios astronómicos, los contratos de servicios profesionales, con personal que efectúan procedimientos durante horario regular de trabajo. La mora condicionada, por supuestas faltas de insumos, de equipos fuera de servicio, de falta de reactivos, de equipos dañados, etc., Y todo ello, a ciencia y paciencia de “autoridades” que parecieran no ver, no oír ni hablar. Las IFI’s saben perfectamente bien, es más, hasta lo adivinan. A fines de abril del 2004, antes de las elecciones, un diario local publicó: “Según reporte del banco de inversión Credit Suisse First Boston, Jan Dehn dijo: “Torrijos no únicamente será el nuevo presidente de Panamá, sino que ejecutará políticas amigables para el mercado financiero internacional; el nuevo Gobierno ejecutará una agresiva agenda de reformas estructurales, que comenzarán a implementarse a partir del 2005”. Agregando: “Endara evitará lo más posible, reformas profundas y su propuesta de un referéndum para decidir las reformas a la Caja de Seguro Social, así como su propuesta de renegociar la deuda externa no han sido bien vistos por Wall Street”.
Al capital financiero internacional le importa un pito la voluntad de la mayoría y menos aún la del principal accionista, la clase trabajadora. ¿Un referéndum, para que los trabajadores decidan? ¡Imposible! Como hacen ahora los otros elegidos, bajo la mirada del PNUD, proponiendo más remiendos a la Constitución parida en los cuarteles. Así que con el beneplácito de los cómplices y beneficiarios de la política neoliberal, que garantiza el éxito de sus negocios en la institución, se cumplió el “vaticinio” en todas sus partes. Por tanto, sería una suprema irresponsabilidad y un crimen de lesa humanidad contra las próximas generaciones, permitir semejante despojo, y peor aún, con la aprobación de la mayoría ciudadana; ¿lo permitiremos nuevamente?
Autor: Leopoldo E. Santamaría
Profesión: Médico