El proyecto de ley 163 tiene visos de antagonizar con el texto constitucional y convencional, atenta contra la dignidad humana, la vida, la salud y la seguridad social. Vulnera el Artículo 113 de la Constitución y entre otros, el Artículo 12 del Pacto de San José.
Por lo cual llama la atención que instituciones cuyo deber es salvaguardar la integridad de la administración pública, como la procuraduría de la administración, la defensoría del pueblo y la Contraloría, ni siquiera hayan presentado una objeción de inexequibilidad, ya que su aprobación sería una traición más a la patria. El proyecto es iniciativa de los acreedores de la deuda, que frente a la crisis financiera, decidieron asegurarse el cobro del dinero despilfarrado por sus cómplices, que han administrado el poder político. El contenido es un concentrado de Iniquidad, que generaría mayor inequidad y profundizaría la desigualdad social.
La realidad, que ocultan la administración y sus defensores, es que el proyecto obedece a “las recomendaciones” del capital financiero internacional, representado por sus instrumentos (BM, FMI, etc.) con medidas dirigidas a reformar los Estados Nacionales, luego del avance aquí logrado con la administración 2004-2009, cuando le asestaron un golpe letal a la solidaridad, principio fundamental de la seguridad social. Las instrucciones son claras, deben recortar las prestaciones y retrasar la edad de jubilación, ante el riesgo de que la gente viva más de lo esperado; mientras más tiempo labore el trabajador, más cuotas aporte y muera lo más cerca posible de la jubilación, mejor para aumentar la reservas financieras, el objetivo principal.
La vileza de los confabulados consiste en modificar el artículo 105 de la ley 51 de 2005, que les permitiría disponer de las reservas financieras de la CSS, para que las manos expertas de administradores de fondos de inversión, incluso de otras jurisdicciones, “garanticen” la cobertura de las prestaciones de la población protegida por la institución. Y si ademàs, como pretenden con el alevoso mamotreto jurídico, desmantelan al organismo superior de gobierno institucional, que es la junta directiva y concentran un poder omnímodo en la discrecionalidad del Director General, perfeccionarían la estructura del despojo, que desde el gorilato hasta el día de hoy, ha servido para el pillaje legalizado, vendido como iniciativas benefactoras; v.g: proyecto colectivo de viviendas, medicamentos de bajo costo, “pandemia y vacunas seguras y efectivas”, etc.
Urge comprender las razones del atentado, pero más aún, saber que, mientras sigamos postergando el saneamiento integral de la administración de justicia, hacer que los responsables de la corrupción y el saqueo, paguen por sus fechorías, seguirá la Impunidad y en breve plazo, los estrategas, “legalizarían la minería, convirtiéndonos así en uno de los más grandes rebaños del mundo. Salvador Díaz Mirón, dijo: “Nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo indispensable”. Lo que está en juego es la dignidad humana.
Intercambiar libertad por seguridad propiciaría la tiranía. Constituyente por la dignidad.
Leopoldo E. Santamaría. 19 de noviembre de 2024.
Autor: Leopoldo E. Santamaría
Profesión: Médico