Por: Cristian Nieto Guerra – Docente universitario.
En Panamá vivimos una contradicción peligrosa: se presume estabilidad democrática mientras camina, con paso firme y casi coreografiado, hacia un modelo de Estado permeado por intereses criminales, silencios institucionales y favores que se deslizan entre pasillos judiciales como si fueran parte de la normalidad cotidiana. Lo que hoy llaman “crisis” es, en realidad, el resultado lógico de un sistema planificado y construido para proteger redes de poder, antes que a la ciudadanía.
La infiltración del crimen organizado en posiciones estratégicas –aeropuertos, aduanas, despachos públicos, juzgados– no es un accidente. Es el síntoma de un país donde la institucionalidad se volvió decorativa, la transparencia un mal chiste, y la justicia una moneda que se saca del bolsillo según la conveniencia. Lo más grave es que la indignación ciudadana aún no logra el punto de ebullición, quizá por el desgaste constante de ver en los medios de comunicación tradicionales y redes sociales la normalización de los tentáculos de la CORRUPCIÓN atravesando estructuras estatales con la misma facilidad con que atraviesan fronteras terrestres y marítimas.
Mientras tanto, el ciudadano común observa cómo los escándalos se acumulan como los papeles olvidados sobre un escritorio: funcionarios implicados, procesos que se diluyen en el tiempo, magistrados bajo sombras incómodas, expedientes que avanzan al ritmo de los intereses y no al de la verdad. El manual es siempre el mismo: se anuncia un gran operativo, se exhiben decomisos, se presumen detenciones y, a la vuelta de unos meses, el sistema produce su alquimia favorita: convertir culpables en víctimas, buscar responsables en la forma de trámites administrativos y archivar los casos.
Esto no es un simple problema de “manzanas podridas”. Es el diseño del sistema. Y el sistema está completamente podrido.
La justicia panameña, con honrosas excepciones individuales, carece de los tres pilares que la harían creíble:
- Independencia real, no declarativa.
- Controles efectivos, no comisiones para salir del paso.
- Sanción uniforme, no selectiva.
En su lugar tenemos un sistema donde el dinero compra influencia, la influencia compra tiempo, y el tiempo compra impunidad. El ciclo perfecto. El ciudadano, por supuesto, paga la cuenta: más violencia, menos confianza, instituciones vaciadas y un país que se vuelve cada día más favorable para la criminalidad organizada y menos favorable para la vida digna.
Frente a esto, decir “hay que reformar el sistema” es tan ingenuo como pedirle a un ventilador que apague un incendio. La estructura jurídica y política que nos rige –herencia de una Constitución militarista e impuesta y no fundado en consentimiento popular– no puede garantizar justicia porque fue diseñada para contenerla, no para liberarla. No puede asegurar independencia de poderes porque nació bajo un poder concentrado. No puede frenar la corrupción porque convivió demasiado tiempo con ella.
Por eso la discusión no es cosmética: es constitucional.
Panamá necesita, con urgencia histórica, un nuevo pacto fundacional. Una Nueva Constitución que no sea maquillaje ni parche, sino rediseño completo del sistema:
- Con justicia certera y ejemplar, blindada frente a presiones políticas y económicas
- Con participación y controles ciudadanos vinculantes
- Con instituciones que no dependan del humor del poder, sino del respeto a la ley
- Con un modelo democrático que garantice que quienes gobiernan lo hagan con el respaldo de la mayoría de la ciudadanía, por quienes se compromete a trabajar.
La Nueva Constitución no es un capricho ni una utopía romántica: es la única puerta de salida de un laberinto donde el crimen organizado y la corrupción se codean con la institucionalidad como viejos conocidos. Seguir con la Constitución actual es insistir en un sistema que ya demostró que no puede –ni quiere– defendernos de la impunidad.
Al final, lo más peligroso para un país no es la existencia del narco-Estado en potencia, sino la resignación de su gente. Porque un pueblo que cree que nada puede cambiar, termina entregando su democracia y esperanza en una bandeja de acero inoxidable.
Panamá está a tiempo. Luchemos por una Nueva Constitución, nacida del poder ciudadano, es el único camino para reconstruir una sociedad que deje de ser un espectáculo bochornoso y se convierta en referente de democracia y justicia verdadera, certeza y garantizada para todos.