Por: Cristian Nieto Guerra – Docente universitario.
La confesión, en cualquier sistema jurídico sano, es la reina de las pruebas. Cuando un acusado admite los hechos, el camino hacia la sentencia debería ser directo y la reparación a la sociedad, inmediata. Sin embargo, Panamá ha sido testigo de una aberración jurídica que desnuda la podredumbre de nuestras instituciones: Martinelli Marioaceptó su culpabilidad, pero un “error” de forma lo libró de la escasa justicia.
Este resultado no es un simple error de procedimiento ni un simple tecnicismo legal; es el síntoma putrefacto de una enfermedad crónica que padece el sistema que rige a Panamá. Ese fallo, que insulta la inteligencia de la ciudadanía, es el hijo legítimo de la Constitución de 1972, un texto militarista, impuesto durante la dictadura y diseñado no para garantizar justicia, sino para blindar el poder y asegurar la impunidad de las élites.
¿Cómo podemos esperar «justicia jurídica certera» de un sistema cuyaestructura central fue construido para concentrar el poder en el Ejecutivo y politizar el Judicial? La actual Carta Magna, a pesar de sus parches y reformas cosméticas, mantiene intacto su origen autoritario. Ha creado un sistema de «pesos y contrapesos» que en la realidad funciona como un pacto de no agresión entre los tres órganos del Estado: «tú no me investigas, yo no te fallo en contra».
El caso de Mario es la prueba irrefutable de que bajo las reglas actuales, justicia certera y la independencia de poderes es una ficción. Los magistrados y jueces, muchas veces nombrados por compromisos políticos derivados de esta estructura constitucional viciada, terminan respondiendo a sus padrinos —ejecutivo que los nombra y legislativo que los ratifica— y no a la Ley. La justicia social queda relegada al olvido mientras la justicia penal se convierte en un mecanismo selectivo: implacable con el ciudadano de a pié, pero ciega, sorda y muda ante el poder económico y/o político, incluso cuando este confiesa ser culpable del delito investigado.
Los panameños enfrentamos una encrucijada histórica. Insistir en remendar la Constitución de 1972 no es más que extender la agonía de un Estado fallido, donde la corrupción opera con total impunidad. Donde la absolución de un culpable confeso no es solo una bofetada a la dignidad nacional, sino la alerta definitiva del colapso institucional de un sistema completamente CORRUPTO.
La necesidad de una Nueva Constitución es no solo urgente, sino impostergable. No necesitamos más reformas o parche; necesitamos un nuevo pacto social nacido de la voluntad popular, no de cuarteles ni de cúpulas partidistas. Urge una Carta Magna que:
- Reinicie el sistema y realice una limpieza, dejando fuera de influencias a personas que tanto daño han ocasionado a la sociedad panameña.
- Elimine los residuos del militarismo y el presidencialismo monárquico.
- Garantice una real independencia judicial, donde los jueces no teman fallar en derecho y que sean conscientes que deben trabajar por y para el pueblo.
- Instaure una justicia social que ponga al ciudadano en el centro, y no al capital político. Donde se garantice igualdad de condiciones, sin privilegios.
- Asegure la certeza del castigo, para que nunca más una confesión de culpa termine en una sentencia de libertad y donde todos estemos regidos por las mismas normas.
Mientras sigamos operando bajo las reglas de juego impuestas hace más de 50 años, seguirán existiendo «Marios» que se ríen en la cara del país. La impunidad de hoy es la gasolina para el estallido social de mañana. Si el sistema es capaz de librar a quien se declara culpable, entonces el sistema no sirve. Hay que cambiarlo de raíz.