Por: Cristian Nieto Guerra – Docente universitario.
Confundir legalidad con justicia es una trampa histórica: el esclavismo y el fascismo fueron atroces, pero perfectamente legales. Hoy, cuando la corrupción se blinda con normas a la medida y el saqueo se vuelve un trámite administrativo, cobra vigencia una máxima ineludible: cuando la injusticia se legaliza, la desobediencia es un deber. Ante leyes diseñadas para proteger el abuso, la obediencia ciega no es civismo, es complicidad.
En Panamá, hemos permitido que el concepto de «Estado de Derecho» se deforme hasta convertirse en una caricatura perversa. Ya no necesitamos dictadores vociferando desde un balcón; ahora el autoritarismo viste de saco y corbata y se esconde detrás de incisos, parágrafos y gacetas oficiales. Nos enfrentamos a una realidad donde el escándalo moral se estrella contra el muro de lo técnicamente correcto: los «auxilios económicos» a familias adineradas, las planillas abultadas en la Asamblea, los sobresueldos, los viáticos ofensivos y las licitaciones con un solo proponente y/o con sobrecostos. Completamente todo indignante e inmoral, pero cínicamente «legal».
El gran triunfo de la corrupción moderna en nuestro país ha sido convertir el robo en burocracia. Cuando un funcionario responde a un cuestionamiento ético con la frase «la ley me lo permite«, nos está confirmando la tesis más oscura del poder: la ley no se escribió para protegernos a todos, sino para blindarlos a ellos. Han convertido la Asamblea en una fábrica de impunidad donde se redactan las reglas del juego para que la casa siempre gane, transformando el erario en un botín repartido con la firma del Contralor.
El peligro real, sin embargo, no reside solo en la desfachatez de quienes gobiernan, sino en la pasividad de quienes obedecen. Existe una inercia ciudadana que por agotamiento, egoísmo, indiferencia, conformismo o costumbre, tiende a aceptar lo inaceptable simplemente porque viene con sello oficial. Hemos llegado a tolerar que la justicia sea selectiva, rápida para el ladrón de gallinas y ciega para el de cuello blanco, bajo la excusa de «procesos» y «fueros» que son, en esencia, privilegios feudales del siglo XXI.
Romper con la obediencia ciega no significa abogar por el caos, sino exigir el retorno de la ética a la vida pública. Significa entender que una ley que empobrece a la mayoría para enriquecer a una minoría no es una norma legal, es una estafa. No podemos seguir aceptando —con nuestro silencio, solo criticas en redes y falta de unidad ciudadana— un sistema donde la honestidad es la excepción y la corrupción es la norma codificada.
La legalidad es una cuestión de poder, como bien nos recuerda la historia. Pero la justicia es una cuestión de conciencia. Panamá necesita algo más que indignación dispersa: necesita unidad ciudadana con propósito y método. Hoy la crisis social no se arregla con parches ni con promesas recicladas; se arregla cambiando las reglas que permiten que el poder se proteja a sí mismo. Por eso, una Nueva Constitución debe asumirse como una causa común —sin banderas partidistas, sin caudillos, sin “juega vivo” disfrazado—, donde estudiantes, trabajadores, profesionales, empresarios honestos, gremios y comunidades caminen en la misma dirección: garantía de una democracia real, justicia social, independencia de poderes y justicia jurídica certera. Si nos dividimos, nos administran; si nos unimos, nos transformamos. Y en este momento histórico, esa transformación no es un lujo: es la única salida.