Autor: Leopoldo E. Santamaría
Profesión: Médico
Era obvio que, el gobierno, “cien por ciento empresa privada”, ignorando las demás propuestas, para el proyecto de Ley que desea modificar la Ley 51 de 2005, presentaría la del sector empresarial, cuyo propósito es reducir costos y aumentar las reservas financieras, para entregárselas a las administradoras de fondos de pensiones, ligadas al capital financiero internacional, desconociendo el deber esencial del Estado como salvaguarda de la protección social, y consolidar así el modelo que les garantiza seguir lucrando a expensas del esfuerzo y el sacrificio de los trabajadores; el desarrollo y el bienestar social les importa un bledo; “lo que está en juego es salvar el sistema financiero”.
Todas las inversiones del sector privado, en Israel, por ley, se financian, en un porcentaje significativo, con fondos del seguro social. Si hubiéramos hecho algo semejante, con la ampliación del Canal, la construcción del Metro y obras como la cinta costera, la administración de los puertos, el nuevo aeropuerto, etc., ¿cómo estarían las reservas financieras?; pero no, la Codicia les exigía transferir esos intereses a las cuentas de empresarios y banqueros, con quienes, gobernantes, igualmente corruptos, comparten información privilegiada para lucrar “legalmente”, y peor ahora, con las asociaciones público-privadas, con las que pueden privatizar las ganancias y socializar los costos o alguien sabe si el nuevo tren incluirá financiamiento con fondos de la CSS y si los empresarios se comprometerán a no quedarse con las cuotas?.
Lo racional, urgente e impostergable es sanear la administración de justicia, indispensable para realizar una auditoría forense integral de las tres últimas administraciones de la CSS, incluyendo lo administrativo, lo económico financiero y las prestaciones médicas, imprescindible para un diagnóstico que permita definir y aplicar correctivos para no repetir la historia. Tanto la evasión fiscal como la mora patronal, por retención de cuotas como los atracos y negociados por contrataciones inescrupulosas; de manera que los involucrados sean enjuiciados y sus bienes mal habidos incautados y reintegrados a la institución. Es necesario auditar la rehabilitación de la Ciudad de la salud, incluyendo las adendas y el equipamiento; la trama criminal del Dietilenglicol, la “desaparición” del fentanilo; la piratización y el desmantelamiento de las prestaciones médicas. Solo por complicidad se podría explicar el favorecer la Impunidad, principal promotor de la corrupción.
El autoritarismo y la descalificación, más que favorecer el entendimiento, promueven la confrontación. Por la magnitud, extensión, profundidad e impacto de la crisis actual y sobretodo por la falta de conciencia, competencia y voluntad política, la única alternativa, para refundar la nación es la Constituyente por la dignidad, objetivo apremiante e impostergable. Los únicos sacrificios válidos son los dirigidos a garantizar los bienes patrimoniales más importantes de la humanidad, la vida, la salud y el bienestar social. La falsa solidaridad es despreciable, aunque cuando prima la Codicia no hay conflictos, solo intereses; los propios de quienes anteponen el afán de lucro, por encima de cualquier objetivo. Solo hay una alternativa ética, rescatar la dignidad, de lo contrario, solo cabría consentir que la procacidad salve el Sistema financiero.