La realidad actual, producto de la historia política y social de Panamá, nos presenta el reto de un Proceso Constituyente Originario, el cual surge como una necesidad urgente para abordar las desigualdades estructurales y romper con el abuso que el poder económico y político vigente ha ejercido sobre sectores clave, por poner un solo ejemplo, la situación de la salud y el monopolio de los medicamentos.
Aunque los actuales actores dominantes argumenten que el proceso Constituyente Originario podría generar incertidumbre económica, la realidad evidente es que su temor no está en el posible cambio económico y político, sino en la certeza de perder los privilegios y el poder que han consolidado en los últimos 57 años, bajo el sistema actual. Ya que nuestra realidad es que NUNCA hemos salido de la dictadura, sino responda las preguntas, ¿Existe algún mecanismo para que el pueblo haga valer su poder soberano?, ¿O la única opción que tenemos es manifestarnos en las calles?
El sistema actual ya genera inestabilidad social: La concentración del poder económico en unas pocas familias y empresas perpetúa la desigualdad y limita el acceso de la mayoría de los ciudadanos a servicios esenciales con calidad, en la salud, la educación y en general en el Estado.
El monopolio farmacéutico como ejemplo: Panamá tiene uno de los precios de medicamentos más altos en la región, una situación que afecta directamente el bienestar de la población y es sostenida por estructuras monopólicas que serían insostenibles bajo un marco legal más justo.
Los sobrecostos en el Estado: gobiernos tras gobiernos han ido perfeccionando el sistema para que solo empresas del círculo cero puedan quedarse con los contratos y después de ser adjudicadas llegan las adendas que se han vuelto la normalidad, aumentando el costo.
Impuestos sin pagar: son las grandes empresas, allegadas al poder político y económico, quienes dejan de pagar impuestos al Estado, pero sí le extraen el dinero al pueblo panameño.
Falsa justicia: lamentablemente la justicia solo llega al pueblo indefenso, el que agarra una iguana para comer o al que pesca sin permiso. Pero al empresario coimero y funcionario corrupto, quienes le roban millones al pueblo, un buen sistema de salud, educación, seguridad ciudadana y calidad de vida, nada le pasa, pues la justicia no le alcanza.
Monopolio del mercado farmacéutico: Un reducido grupo de empresas controla la importación y distribución de medicamentos, fijando precios exorbitantes y limitando el acceso a tratamientos básicos.
Corrupción institucional: La falta de regulación efectiva y los conflictos de intereses entre el poder económico y el político han permitido la sobrevaloración de compras públicas y la falta de competencia en el sector.
Impacto en la población: Los ciudadanos panameños enfrentan dificultades para acceder a servicios de salud de calidad, mientras el sistema actual prioriza las ganancias de unos pocos sobre el bienestar colectivo.
Declarar la salud como un derecho fundamental, obligando al Estado a garantizar acceso universal y precios justos en medicamentos.
Establecer regulaciones más estrictas que prohíban las prácticas monopólicas y fomenten la competencia en el mercado.
Justicia certera que priorice el bien de la mayoría por encima de los privilegios de unos pocos y garantizar equidad de condiciones ante las normas jurídicas.
Real democracia mediante la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones de las cosas que afectan a la población y veeduría ciudadana para la vigilancia y control del gobierno.
Leyes a medida: Muchas regulaciones benefician a grandes empresas, en detrimento de las pequeñas y medianas empresas y de los consumidores.
Falta de independencia de los poderes del Estado: Los conflictos de intereses entre políticos y empresarios limitan la transparencia y la rendición de cuentas. Produciendo un ambiente de complicidad constante.
Falsa justicia: La democracia en Panamá solo existe en papel, pues el pueblo no es tomado en cuenta, más que para votar por sus verdugos, eligiendo al legislativo y ejecutivo, pero no elegimos al judicial. Sino es que el legislativo y ejecutivo eligen al judicial, lo que viola la Constitución actual, pues no existe independencia entre los 3 poderes, sino que el poder judicial está sometido ante el ejecutivo y el judicial.
Eliminar privilegios históricos: Asegurando que los beneficios económicos se distribuyan de manera equitativa entre todos los ciudadanos.
Exponer prácticas corruptas: Que han permitido la acumulación de riqueza y poder en unas pocas manos.
Garantizar justicia social: Estableciendo derechos fundamentales que prioricen el bienestar colectivo.
Real democracia: En que el poder soberano del pueblo es ejercido mediante mecanismos establecidos, para poner, controlar y quitar los gobernantes si dejen de cumplir sus responsabilidades.
