Cualquier análisis sensato dejaría muy claro que las organizaciones que piden constituyente en Panamá no tienen ni remotamente la capacidad de producir siquiera un mal simulacro de golpe de Estado, mucho menos en el marco de un eventual proceso constituyente en el cual estarían involucrados también los actores políticos más relevantes del país.
En el año del bicentenario de nuestra independencia de España y nuestra adhesión al ambicioso proyecto Grancolombiano, del Libertador Simón Bolívar, vuelve a cobrar fuerza el debate sobre el cambio constitucional y la vía idónea para producirlo, sobre todo luego del escándalo de los abusos a menores en algunos albergues y la renuncia del Procurador General de la Nación.
Llama mi atención que cada vez que se activa el debate sobre el cambio constitucional sale a relucir, en algunos sectores, la afirmación de que «la constituyente es un golpe de Estado«.
Si bien es comprensible que detrás de esa afirmación puede haber una preocupación legítima sobre la dirección que tome un proceso constituyente y sus resultados, es pertinente señalar que un golpe de Estado y un proceso constituyente son conceptos no solo diferentes, sino francamente contrarios, en algunos aspectos.
Por un lado, el golpe de Estado es, en términos generales, un acto de fuerza ejecutado de manera rápida y sorpresiva por un grupo de personas que están normalmente dentro del propio aparato de gobierno, con la participación activa o pasiva de la fuerza pública, que tiene como objetivo tomar el control del gobierno. Es un asalto ilegítimo al poder político del Estado.
Se trata de un acto que requiere por parte de sus ejecutores de una considerable capacidad real para ejercer violencia contra aquellos que se resistan y también de una gran capacidad técnica de planificación y ejecución.
Honestamente, creo que no exagero si digo que cualquier análisis sensato dejaría muy claro que las organizaciones que piden constituyente en Panamá no tienen ni remotamente la capacidad de producir siquiera un mal simulacro de golpe de Estado, mucho menos en el marco de un eventual proceso constituyente en el cual estarían involucrados también los actores políticos más relevantes del país. Cosa distinta es que esas organizaciones se movilicen y realicen protestas o manifestaciones, algo perfectamente legítimo en cualquier sociedad democrática.
Autor: Rubén Darío Córdoba Barría