Por: Cristian Nieto Guerra – Docente universitario
En la teoría, la Constitución es el pilar de toda república democrática. Mientras que en la práctica panameña, la Constitución es poco más que un documentos con letras, manoseada por los tres poderes del Estado según sus intereses. El desprecio de los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) hacia la Constitución no es casual ni aislado; es sistemático, institucionalizado y peligrosamente tolerado por una sociedad que ha normalizado y aceptado la traición al orden constitucional.
El Ejecutivo: El poder de indultar la impunidad
Uno de los ejemplos más evidentes del abuso presidencial lo encontramos en el uso arbitrario del artículo 184, numeral 12 de la Constitución, que permite al presidente conceder indultos. Esta facultad, que debiera usarse con extremo criterio en casos excepcionales, se ha convertido en un escudo de impunidad. Recientemente, se indultó a funcionarios condenados por violaciones de derechos humanos y corrupción, enviando un mensaje nefasto: la justicia puede ser negociada en el escritorio del poder, y la Constitución es un simple obstáculo burocrático que puede ignorarse, sin que alguien reclame.
El Legislativo: El Congreso de la conveniencia
La Asamblea Nacional, que debiera ser el foro del pueblo y la democracia, ha actuado como una fábrica de leyes hechas a medida de intereses corporativos y clientelistas. Se han aprobado proyectos sin el mínimo debate ni participación ciudadana, sin respetar los procedimientos que la misma Constitución exige. Recordemos la aprobación exprés de leyes que han favorecido la privatización de bienes públicos o debilitado organismos autónomos, sin estudios técnicos, ni consulta pública. ¿Dónde queda el artículo 17 que exige la obediencia y cumplimiento de la Constitución?
El Judicial: La toga del silencio
El Órgano Judicial, llamado a ser el guardián último de la Constitución, ha optado muchas veces por la omisión, el silencio y relegado a una FALSA justicia. Casos emblemáticos de corrupción, abuso de poder o violaciones de derechos han sido archivados, prescritos o simplemente ignorados. La selección de magistrados a dedo por el Ejecutivo, ratificados sin análisis por el Legislativo, produce una justicia sometida, temerosa y complaciente. ¿Quién protege la Carta Magna cuando los jueces se arrodillan ante el poder político y económico?
La ciudadanía: víctima, cómplice y única esperanza
Mientras los tres poderes abusan, desfiguran y denigran la Constitución, la ciudadanía observa con complicidad, indiferencia, cansancio y resignación. Pero también con creciente indignación. Porque cuando la Constitución es despreciada por quienes deben defenderla, lo que se erosiona no es solo el texto legal, sino también el pacto social entero. La legitimidad del sistema se desmorona, y con ella, la esperanza de lograr una democracia real.
¿Qué nos queda?
Nos queda el poder constituyente originario. Nos queda la conciencia de que ningún poder debe estar por encima del pueblo. Nos queda la certeza de que una Constitución impuesta, remendada por conveniencia y constantemente violada, debe dar paso a una nueva, construida desde la voluntad soberana, con participación, transparencia y justicia real.
La Constitución no debe ser un papel decorativo ni un compañero del papel higiénico. Debe ser la brújula de la nación. Hoy, más que nunca, debemos exigir que así sea. Porque sin Constitución viva, no hay democracia y solo nos queda autoritarismo y el abuso de los gobernantes.