Aprovechándose y, además, valiéndose del imperdonable conocimiento que tiene, la gran mayoría de nuestra población, de sus derechos y garantías en todos los terrenos, la empresa criminal conjunta que presiden Cortizo y Carrizo, han desatado una campaña destinada a imponer leyes que, so pretexto de combatir la criminalidad, en realidad atentan contra la libertad y seguridad ciudadana.
Es así que, apadrinado por le Embajada de Estados Unidos de América en Panamá, traducido y desmejorado por el Consejo de Seguridad Nacional, en colaboración con el Órgano Judicial, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el 28 de abril del presente año, el militaroide, Juan Manuel Pino Forero, Ministro de Seguridad Pública, llevó y presentó ante los diputados de la Asamblea Nacional, debidamente mandatado por el Consejo de Gabinete, el proyecto de Ley #625, que versa sobre la “Extinción de Dominio”.
Después de traducido del inglés , el mismo contiene 94 artículos, repartidos en 11 Capítulos, en los cuales recurren, como pretexto, a la necesaria e impostergable persecución al crimen organizado, nacional e internacionalmente, lo que contiene dicho proyecto #625 es una cadena llena de violaciones de las más históricas y preciadas garantías de Derechos Humanos universales, procesales que sirven de fundamento a los más caros principios constitucionales.
So pretetxto de lograr que la titularidad del producto de las actividades ilícitas como: crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos, terrorismo, delitos contra la administración pública, pasen a manos del Estado, en realidad se llevan de calle la seguridad jurídica, el debido proceso, la presunción de inocencia, la propiedad privada, la no retroactividad de la ley, entre otras.
El Ministro Pino, de la mano encargado de Negocios de la Embajada Estadunidense, en Panamá, Mr Turtle, se la ha pasado advirtiendo que: “de no aprobarse en la Asamblea Nacional el proyecto de Ley sobre extinción de dominio, podría haber en el país a corto plazo, una escalada del crimen organizado”.
Pino y los gestores de este proyecto guillotinador de nuestros derechos y garantías fundamentales, han organizado el apoyo de artículos de opinión de miembros prominentes del Consejo de Seguridad que preside Cortizo, así como también funcionarios del Ministerio Público y del Órgano Judicial.
Con la bandera de “la urgente necesidad de la aprobación de esa Ley para acabar con el narcotráfico”, la Embajada norteamericana ha organizado seminarios para jueces y fiscales sobre dicho anteproyecto. Y, recientemente, un viaje a Bogotá, Colombia, -con todos los gastos pagos-, de altos funcionarios del Ministerio de Seguridad y una decena de diputados de todas las bancadas, con el propósito de “familiarizarlos” con el tema y actúen como verdugos de nuestras libertades dentro de sus objetivos antinacionales, antidemocrátcos y anticiudadanos, para la instauración de un Estado Policíaco en Panamá.
Lo más grave de la escalada que conduce a una abierta remilitarización de nuestro país, es el silencio cómplice de las “dirigencias” político partidistas, sindicales, empresariales, académicas, estudiantiles, gremiales. cívicas y demás. Su silencio los convierte en cómplices activos de todo lo que se avecina en desgracias para los derechos y garantías ciudadanas.
Autor: Miguel Antonio Bernal V.
Catedrático – Universidad de Panamá