A LA CIUDADANÍA NACIONAL
Frente al desmantelamiento del Estado de Derecho, expresado tanto en la promulgación de decretos, violatorios de garantías fundamentales, como en la aprobación de “leyes”, absolutamente lesivas a la economía en general, iniciativas que han acentuado el autoritarismo, deteriorado la administración de justicia y aumentado la corrupción y la Impunidad.
Nosotros, Ciudadanos Unidos por la Constituyente, reconocemos que tales excesos y desaciertos, entre otras razones, son producto de la falta de capacidad, liderazgo, consciencia y voluntad de servicio, de un equipo, que ante las restricciones de acceso a otras fuentes de crédito, en mala hora dispuso exprimir al pueblo, gravando los servicios, por medio de “la ley” 256, cuyo único propósito es aumentar los ingresos fiscales, para mantener el Despilfarro y los privilegios de una administración que, en menos de la mitad de su gestión, ha catapultado la deuda e hipotecado el futuro de varias generaciones, desatendiendo las genuinas necesidades e intereses de la mayoría.
Urge comprender que los efectos de la citada “ley” traducirán mayor impacto en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad; porque los impuestos, sistemáticamente, afectan al consumidor y como los servicios públicos se han deteriorado, al extremo de resultar inoperantes, como la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, etc; los efectos serán catastróficos, con mayor exclusión, indigencia e incluso hambruna.
Reiteramos, por tanto, nuestro llamado a la ciudadanía nacional, a que le pongamos un alto a la empresa criminal conjunta, antes que la inseguridad, la creciente desigualdad y la violencia nos conduzcan a la pérdida de la precaria estabilidad social existente. El Estado policíaco, represor y abusivo no debe continuar la desestabilización.
Recuperemos la dignidad, exijamos el referéndum por la Constituyente antes que sea demasiado tarde para impedir que nos conviertan en un territorio ocupado por autómatas y seamos sometidos a la voluntad de un puñado de delincuentes.
Dado en la Ciudad de Panamá, a los 14 días del mes de enero de 2022.