De la experiencia electoral debemos derivar varias lecciones que dio el pueblo a los políticos del patio
Así como no se puede concebir libertad de movimiento con las manos atadas, no se puede concebir libertad de sufragio, intrínseca a un sistema democrático, con un sistema electoral estructurado desde el texto constitucional y Código Electoral hasta las diversas ordenanzas del Tribunal Electoral, con sus respectivas interpretaciones, a favor de los 3 más grandes partidos políticos, en detrimento de la participación política ciudadana.
El electorado expresó claramente en las urnas un ‘No a la Reelección’, lo que dio como resultado que sólo el 32% de los diputados (16 de 50) que pretendían reelegirse en sus cargos pudieran hacerlo; y de los cuales, algunos lo hicieron por la repudiada normativa del residuo electoral, que en definitiva, favorece a la partidocracia, al igual que el voto por nómina o ‘plancha’, provocando un extendido descontento de la población. En artículo del 11 de septiembre del año anterior, en este mismo medio, expresábamos que el principio de no reelección debía ser establecido a nivel constitucional y complementado con la figura de la revocatoria de mandato por parte de la ciudadanía a todos aquellos que ostentasen cargo de elección.
Por otro lado, una vez más, el Presidente de la República es escogido con base sólo en un tercio del electorado, lo cual implica que el primer Magistrado del país no cuenta con el respaldo mayoritario de la población. De allí que el planteamiento de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales haya tomado fuerza, para reforzar el carácter democrático de su mandato. Pero este planteamiento sólo podría viabilizarse a través de una nueva Constitución. No es cierto que de los resultados electorales podamos concluir que el pueblo ‘favoreció’ las reformas puntuales a la Constitución vía dos Asambleas o dos legislaturas, pues, si así fuera, hubo un 30% que votó a favor de 4 de los 7 candidatos presidenciales, que iban por la Constituyente.
Si se pretende gobernar en base a una ‘unidad nacional’ hay que buscar el máximo consenso posible sobre éstos y otros temas, que signifiquen caminar hacia una democracia participativa. La constituyente permitiría una mayor legitimidad de los detentadores del poder; y la legitimidad da estabilidad social.