Los albergues investigados fueron descritos por Alonso Ramos, integrante del equipo técnico de la Comisión, como ‘mazmorras de la edad media
La Comisión de Asuntos de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea entregó al Ministerio Público, el pasado 15/2/21, un Informe de 700 páginas, que detalla abusos contra menores al menos en 11 de los 14 albergues examinados (de un total de 54) bajo supervisión estatal, para que se den las investigaciones penales correspondientes. Dicha Comisión señaló: ‘Constatamos que existen evidencias concretas de abusos, violencia y maltrato físico a niños, niñas y adolescentes albergados, sobre todo cuando tienen alguna condición de discapacidad intelectual’ (LP, 18/02/2021).
Los albergues investigados fueron descritos por Alonso Ramos, integrante del equipo técnico de la Comisión, como ‘mazmorras de la edad media en pleno siglo XXI‘. No fueron supervisados ni sancionados, como ameritaba, por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), puesto que esta entidad estaba más preocupada en resguardar los espacios de los partidos políticos gobernantes en sus planillas, así como favorecer a los dueños o administradores de los albergues, a través de cuantiosos subsidios.
¿Cómo justificar que hayan engavetado las denuncias de 2 trabajadoras sociales sobre esta situación y a éstas las hayan destituido por tal causa?
¿Cómo explicar que hayan reformado el Decreto Ejecutivo que regula a los albergues en octubre pasado, para poder supervisarlos cada 6 meses, en vez de cada 4 meses?
¿Por qué a los albergues no se les aplicó este Decreto que contempla su cierre inmediato en caso de abusos, maltratos, condiciones infrahumanas en sus instalaciones y otras?
¿Por qué se pretende, con la presentación de querellas penales por parte del MIDES y SENNIAF, encubrir la conducta omisiva de funcionarios públicos en el cumplimiento de sus deberes fiscalizadores?
No cabe duda que el Estado es el responsable de garantizar el cumplimiento y respeto de los derechos de la niñez y adolescencia en nuestro país. Está en mora con respecto a la expedición de la Ley Integral de Protección de la Niñez y la Adolescencia, en desarrollo de la Convención de los Derechos del Niño, desde el año 1990 en que Panamá ratificó la misma, tal como nos ha venido recordando la Comisión de los Derechos del Niño de la ONU, así como UNICEF, todo este tiempo. Y ahora fracasó aparatosamente en el cumplimiento de su facultad fiscalizadora de los centros de atención de la niñez y la adolescencia.
Autora: Anayansi Turnet
Abogada y Docente Universitaria