En estas circunstancias, lo urgente e inaplazable es la unidad; sin descalificar ni impedir la participación de nadie.
Dada la profundización de la crisis institucional, expresada en el aumento desproporcionado de corrupción, Impunidad, incompetencia, falta de liderazgo y de voluntad para correctivos de fondo, han surgido grupos, preocupados ante el riesgo creciente de un estallido social, proponiendo alternativas de solución, todas pacíficas, a fin de evitar, en lo posible, peores consecuencias que las ya existentes.
Al margen de la cantidad, lo conveniente sería un frente común; dado que la administración actual carece de legitimidad, sigue sin rumbo definido y no hay indicios de mejora o cuando menos, la intención de ponerle un alto al desbarajuste. Inmersos en la peor crisis sanitaria, en muchos años, que continuá azotando, sobretodo, a los sectores más vulnerables, solo destacan la demagogia, la improvisación y la represión contra los de abajo. No obstante, reflejo de inconsciencia, muchos “servidores” continúan en el saqueo, mientras el resto de la población, lucha por sobrevivir en medio de una economía colapsada, apuntalada con mayor endeudamiento. Y por si no bastara, la partidocracia clientelista, despilfarrando recursos en más burocracia. El escenario es un desafío, que exige el concurso de la mayoría ciudadana, para la refundación del Estado; porque lo que hay, además de no funcionar, nos arrastra hacia el abismo.
Necesitamos reemplazar las estructuras en que se sustenta el modelo de sociedad vigente, por su carácter excluyente y concentrante del poder económico; constituido por una minoría que usufructúa los recursos y el producto del esfuerzo del resto de la población; controlando el poder político, la institucionalidad y la farsa electoral, que cada cinco años, les permite, reemplazar al Verdugo que preside la comedia. En estas circunstancias, lo urgente e inaplazable es la unidad; sin descalificar ni impedir la participación de nadie. Para quienes propugnamos la vía pacífica, de la Constituyente, todos los panameños, mayores de edad, deben participar, afiliados o no, a un partido político; lo inaceptable sería que uno o una coalición de ellos, asuma el control del proceso constituyente, porque retrasaría la salida del abismo al cual nos han conducido. Es necesario nutrir el debate en torno a la Constituyente, confrontando las ideas con argumentos y tolerancia. Descalificar o rechazar las propuestas de otros es inconducente, impide elaborar consensos; la verdad y la razón, no son patrimonio de condición o atributo alguno; y además, la aprobación de un nuevo pacto social, reside en la voluntad de la mayoría; que es precisamente lo que le confiere legitimidad al ejercicio del poder público; de aquí que lo racional y procedente sean el respeto por todas las ideas y el propósito de construir lo más favorable al bien común. El objetivo debe ser el concretar la consulta ciudadana (referéndum), para que se exprese la voluntad mayoritaria.
El principal obstáculo lo representa la Oligarquía, que concentra ambos poderes y de cuya estabilidad depende el que sus beneficiarios, cómplices e instrumentos, mantengan sus altos niveles de bienestar y consumo a expensas de la explotación de la clase trabajadora; que por ser mayoría, se ven precisados a controlar a través de sus medios de manipulación social, atiborrándola con toda clase de basura. Y como la educación la desmantelaron, ahora solo la usan para formar mano de obra barata, trabajadores dóciles, que sigan instrucciones sin cuestionar y mucho menos, sin organizarse. El Padre de la nacionalidad panameña, Dr. Justo Arosemena, dijo claramente: “hay en todos estos países muchos falsos republicanos que mientras hablan de libertad, república, democracia y voluntad popular, jamás quieren que se manifieste esa voluntad, ni impere esa democracia, ni se realice esa república”. Estos son lo que se oponen, con toda su energía y todos sus recursos, a la Constituyente, porque saben que las condiciones de miseria, pobreza, desempleo y hambre, entre otras de las lacras sociales, son consecuencia directa del saqueo sistemático, que ellos hacen, de los recursos públicos, y que por tanto, no alcanzan para proteger la vida y mucho menos la salud del resto de la población. De aquí que la Plutocracia recurra a los subsidios, al clientelismo y recompense a sus sirvientes; sin embargo, lo que les aterra es la justicia; saben que el día que el pueblo asuma el poder, tendrán que rendir cuentas. Así las cosas, aceptar que esta fauna, parásita, depredadora y canibalista, siga saqueando el erario o le ponga más parches a la Constitución militarista, para seguir con el festín, sería tanto como aprobar un suicidio colectivo… Tácito advirtió: “Mientras luchan por separado, son vencidos juntos”.
¿Podremos hacerlo? ¿Usted qué opina?
Autor: Leopoldo E. Santamaría