El contenido de los 94 artículos echa por tierra la seguridad jurídica ciudadana
Los más llamados a alertar a la ciudadanía, ante los peligros que encierra el proyecto de Ley #625 sobre “Extinción de Dominio”, han optado hasta ahora por guardar silencio. Silencio que, en la actuales circunstancias, los convierte en cómplices activos de la empresa criminal conjunta que gobierna nuestro país.
Una simple lectura del proyecto de marras, evidencia la clara intención del autoritarismo gobernante de contar con una norma que les permita, sin el menor respeto por las garantías fundamentales y procesales, -como el debido proceso-, poder perseguir a sus críticos y adversarios, a comunicadores sociales, a ciudadanos que se activen en defensa de un Estado de Derecho, a dirigentes gremiales, sindicales o empresariales.
El contenido del artículo 94 echa por tierra la seguridad jurídica ciudadana, que para empezar, debe ser concebida como una política pública, dado que el Estado abandona su función de brindar protección ante el crimen y la violencia social y opta por recurrir, insisto, a una cadena llena de múltiples eslabones violadores de cualquier asomo de gobernabilidad democrática y de las más preciadas garantías de Derechos Humanos universales, procesales y también constitucionales.
En lugar de adecuar la doctrina institucional a los estándares y principios internacionales sobre Derechos Humanos en su relación con la seguridad jurídica ciudadana, el equipo gobernante –particularmente los llamados estamentos de seguridad- han optado por sentar las bases para poder irrespetar los principios fundamentales de derecho penal, reconocidos internacionalmente: presunción de inocencia; nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege y non bis in idem.
Lejos de implementar planes concretos de prevención de los delitos que dicen querer perseguir (como crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos, terrorismo, delitos contra la administración pública) y de asegurar el derecho de todas las personas al disfrute pacífico de sus bienes, a través de acciones específicas de protección, buscan autoritariamente imponernos una Ley que solo traerá más inseguridad, zozobra, frustración y desesperación.
No hay duda que lo que realmente persiguen es envenenar y violentar los procedimientos y principios de respeto de los derechos fundamentales de la persona y poder así abusar impunemente de sus prácticas, ya en boga, de corrupción e Impunidad. (continuará)
Autor: Miguel Antonio Bernal V.
Catedrático – Universidad de Panamá