“La alternativa racional, pacífica, genuinamente democrática y única capaz de conferir legitimidad al poder público, es la constituyente”
La legitimidad de una constitución política, propiamente dicha, reside en la voluntad de la mayoría ciudadana, expresada mediante su aprobación; principio doctrinario sintetizado en el texto: “El poder público solo emana del pueblo”.
La Constitución actual nació viciada, surgió a la vida jurídica, impuesta por militares, que en 1968, mediante una acción de fuerza, violatoria del ordenamiento jurídico existente, se tomaron el poder. Quinientos cuatro sirvientes, mediante simulacro de votación, cubrieron con un Corpiño de legalidad el documento entregado y, aunque posteriormente, en 1978, 1983, 1993 y 2004, fue reformada, su origen cuartelario, impositivo e ilegítimo, permanece; lo que explica el carácter autocrático, manifestado tanto en el presidencialismo como en los vicios que, caracterizan la vida institucional de los tres órganos del Estado.
La armónica colaboración degeneró en el encubrimiento de quienes detentan el poder; fuente de Impunidad, que nutre la corrupción y ha hecho de cada administración, una empresa criminal, que en vez de proteger y servir a la mayoría, lo hace permanente e incondicionalmente a favor del poder económico; generando así las crecientes desigualdades económicas y sociales, de modo tal que, en los sectores más vulnerables lo único que aumenta es el desempleo, la pobreza, la insalubridad y la frustración, por falta de opciones conducentes a superar tan lamentable situación.
Y es precisamente en su esencia autocrática donde subyace el menosprecio a la dignidad ciudadana; que condiciona más que tolerancia a la subordinación, el aceptar como normal la exclusión del resto de la ciudadanía, de las decisiones en las cuales deberíamos participar; el único debate sería el de los cómplices y beneficiarios de la corrupción; pero determinados como están, a preservar sus ilegítimas e injustas ventajas, seguirán haciendo todo lo necesario para mantener la estabilidad del fraudulento y degradante modelo de democracia; en claro perjuicio del resto de la población, a la que solo toman en cuenta cada cinco años, para hacerle creer que su voto es determinante para mejorar la situación, motivo por el cual, el desengaño y el repudio al nuevo Gobierno, cada vez surge en menor tiempo.
La dignidad es un derecho natural, fundamental, intransferible e imprescriptible; de aquí que la principal razón para una constituyente es la necesidad de establecer los controles requeridos para prevenir y sancionar todo acto administrativo, que en el ejercicio del poder público, vulnere o atente contra los Derechos Humanos fundamentales; que le dan contenido a la dignidad ciudadana; impedir que, como ocurre hoy día en la escena nacional, prevalezca el absolutismo, el Vasallaje y toda clase de abusos contra el Ciudadano; en síntesis, en la denegación de justicia.
Residuo es aquello que resulta de la descomposición o destrucción de algo; de modo que el fracaso de la actual gestión gubernamental es congruente; no hay cabida para el asombro; el ejemplo más reciente es el proyecto 544, de reformas electorales, para lo cual, algunos piden el Veto parcial!, no advirtiendo que tanto el facultado para vetar como los artífices del bodrio, son pilares de la putrefacta estructura. La alternativa racional, pacífica, genuinamente democrática y única capaz de conferir legitimidad al poder público, es la constituyente. No caigamos en trampas tan groseras como el deprimente espectáculo protagonizado por los confabulados de la partidocracia, la AN, el TE y la directiva del CNA. Exijamos el referéndum o aceptemos, mansamente, que nos sigan pisoteando la dignidad.
Usted, ¿qué opina?
Autor: Leopoldo E. Santamaría
Profesión: Médico