Los acontecimientos vividos por nuestra población desde el primero de Julio de este año, han puesto en evidencia que las condiciones por las que atraviesa nuestro país, en todos los terrenos, hacen impostergable la convocatoria a un Proceso Constituyente.
La crisis que conocemos, es una crisis constitucional: las estructuras, los órganos del Estado y sus instituciones, las propias normas jurídicas, además de una situación económica disfrazada de subsidios clientelistas a empresas, a los adherentes del PRD y la partidocracia, han aumentado potencialmente el endeudamiento interno y externo, además de mantener frenado nuestro desarrollo como sociedad.
La corrupción y la Impunidad imperantes en todos los niveles del Estado y de la vida particular, afectan el patrimonio público, pero también el estado mental de una gran parte del conglomerado social.
La carencia de identidad y soberanía nacional efectiva -debido a los factores reales de poder-, hacen que se subyuguen los gobiernos en turno y que se pierda cada día más el patriotismo que se forjó en los albores de la República.
Nuestros productores abandonan sus actividades agrícolas poniendo en peligro el derecho de nuestros pueblos a una alimentación culturalmente adecuada y accesible.
El aumento en la pobreza y la desigualdad social cada día es más marcada, siendo las áreas indígenas las de mayor afectación.
Con la llegada de la Pandemia y la grave crisis en el sector salud han aumentado las enfermedades degenerativas, generalmente crónicas, al igual que la escasez de los medicamentos y la depredación de sus fondos. En lo académico, la desigualdad, la mala alimentación, y las áreas de difícil acceso hacen que miles de estudiantes sean reprobados.
La política gubernamental, como hemos podido constar durante las mesas del mareo, se ha alejado de los asuntos públicos en lo que se refiere a lo social y cultural para centrarse sólo en el sector que gobierna de la mano de la corrupción..
La crisis institucional que sufrimos, NO nos garantiza para nada un Estado de Derecho, en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluyendo el propio Gobierno, estén sometidas a las leyes que se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de Derechos Humanos.
La explotación indiscriminada de nuestros recursos naturales provocan un ambiente malsano.
El respeto a los Derechos Humanos tanto en lo económico, social, político y cultural hacen que hayan fricciones en nuestra sociedad.
Las condiciones están dadas. Entonces, ¿qué falta para convocar a un Proceso Constituyente? ¿Más Información para la participación ciudadana? ¿Organizaciones comunitarias?
¿Otro estallido social que impida el engaño vivido con las mesas y los meseros del mareo?
Solo un Proceso Constituyente verdaderamente democrático, nos permitirá crear las condiciones necesarias para la construcción de un país libre, democrático, justo y solidario. Lo demás en demagogia, Gatopardismo y oportunismo.
Autor: Miguel Antonio Bernal V.
Catedrático – Universidad de Panamá