Por: Jayro García – Estudiante de derecho de la UP
I. Cuando callar es complicidad: la omisión de nuestras autoridades
La Universidad de Panamá se encuentra hoy secuestrada. No por fuerzas externas, sino por el desgobierno interno que ha permitido que grupos violentos, que bien podrían llamarse “terroristas de la educación”, como los denominó con tino un respetado profesor de Derecho Romano, impongan su voluntad sobre la voluntad de la mayoría.
La Rectoría, Decanatos y demás autoridades universitarias han incumplido sus funciones establecidas en el artículo 30 de la Ley 24, Organica de La Univerdiad de Panamá, que obliga al rector a “mantener el orden y el normal funcionamiento de la Universidad”, y han fallado en aplicar el régimen disciplinario previsto en el artículo 63.
El silencio, la inacción y, en algunos casos, el respaldo indirecto, equivalen a una complicidad institucional que violenta el Estatuto Universitario (Art. 7 y Art. 9) al no garantizar la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales de quienes sí queremos estudiar, formarnos y aportar con criterio al país.
II. Centros que no tienen al estudiante como centro: la farsa de un supuesto discurso defensor
Los denominados “centros de estudiantes”, lejos de representar nuestros intereses, como lo establece el artículo 85 del Estatuto Universitario, han adoptado comportamientos más propios de aparatos políticos clientelistas, una fiel copia de Asamblea Legislativa, que supondrían una defensa a nuestros intereses, negocean al mejor postor del momento para satisfacer propósitos individuales. El doble discurso es evidente: exigen derechos, pero bloquean aulas; denuncian opresión, pero practican la coacción y el vandalismo.
Mientras la Universidad literalmente se cae a pedazos, y no sabría decir si peor aún, pero sin contar con el líquido vital continuo en los recintos, estos grupos se ocupan de paralizar clases, pintar consignas y cerrar recintos, sin gestionar mejoras reales para sus representados. ¿Dónde están cuando hay pasillos con goteras poniendo en riesgo la integridad de estudiantes, administrativos e invitados, salones desactualizados o docentes que faltan el respeto o incumplen con los horarios establecidos? ¿Dónde están cuando se despilfarran recursos?
No representan la educación crítica ni la cultura de paz establecida en el artículo 9 del Estatuto Universitario, sino una maquinaria de intereses personales, de poder interno, y de retaliaciones disfrazadas de lucha social. El artículo 43 señala que los estudiantes deben propiciar el respeto y la armonía. Ellos, simplemente, no lo cumplen.
III. El Estado reprime, pero no soluciona: el ataque con gas y la justicia fallida.
Como si la permisividad interna no fuera suficiente, el Estado, a través de su brazo represivo, ha decidido “intervenir” con gases tóxicos a los recintos universitarios, tal como ha estado ocurriendo en el recinto Carlos Iván Zúñiga. Esta acción, además de irrespetar la inviolabilidad universitaria consagrada en el artículo 99 de la Constitución y el artículo 6 del Estatuto, fue ejecutada sin distinguir entre quienes “protestaban” violentamente, encapuchados y con piedras y palos, y quienes solo queremos estudiar.
Lo más grave: no se ha hecho justicia. A quienes causan daños o no se atrapa o peor aún, se les deja libres por deficiencias del Ministerio Público, y no existe rendición de cuentas ni del rector ni de las autoridades de seguridad.
Esto no solo infringe el artículo 17 de la Constitución, que obliga a las autoridades a proteger a los ciudadanos, sino también el principio básico de que “la autonomía no es impunidad”. Y hoy, los que creemos en una Universidad libre, abierta, responsable y académicamente rigurosa, estamos siendo reprimidos por dentro y por fuera.
EXIGIMOS:
- La aplicación inmediata del régimen disciplinario a quienes cierren recintos con violencia.
- El retorno a clases presenciales, las cuales fueron suspendidas hoy 11 de junio del 2025 injustificadamente.
- Una postura clara del Rector frente a los abusos internos y externos.
- Respeto irrestricto al derecho a la educación y al principio de autonomía sin permisividad.
La Universidad es del pueblo panameño. No de los que gritan más fuerte ni de los que se esconden en el poder.
La Universidad necesita orden, verdad y acción. Y la vamos a defender, aunque tengamos que hacerlo sin quienes fueron elegidos para hacerlo.