Por Cristian Nieto Guerra – Docente universitario
En teoría, la democracia es el sistema donde el poder reside en el pueblo. En la práctica panameña, sin embargo, este ideal parece haberse distorsionado hasta convertirse en una contradicción: una democracia que funciona como privilegio de élites y opresión para la gran mayorías de la ciudadanía.Esta deformación queda de manifiesto con cada ley aprobada sin consulta, con cada nombramiento manipulado, y con cada crisis social ignorada. La reciente Ley 462, que reforma el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS), es el más reciente y preocupante ejemplo.
La Ley 462 fue aprobada en medio de un clima de tensión social, repudio popular y falta de transparencia. Se presentó como una “solución técnica” a la crisis de la CSS, pero sin abrir canales reales de participación ciudadana, sin auditorías independientes y sin voluntad política de explorar alternativas justas y sostenibles. Se impuso en contubernio desde el poder ejecutivo y legislativo como una decisión vertical, sellada por acuerdos entre élites políticas y empresariales, ignorando las voces de trabajadores, jubilados, estudiantes, gremios y sectores sociales organizados.
Y es aquí donde nace la paradoja democrática: las leyes las hacen unos pocos, pero sus consecuencias las sufre todo el país. La Asamblea Nacional legisla sin consulta vinculante; el Ejecutivo sanciona sin rendición de cuentas; y los ciudadanos, sin poder de revocatoria ni veto popular, solo pueden ver cómo su futuro es negociado a puerta cerrada.
¿Qué tipo de democracia permite eso?
Una democracia real se basa en tres pilares fundamentales:
- Representación legítima y fiscalizable: que quienes ejercen el poder lo hacen en nombre del pueblo, y deben responder por sus actos ante él. Esto implica que:
- Las autoridades deben ser elegidas de forma libre, periódica y transparente.
- Los representantes deben responder al interés público, no a intereses privados ni partidistas.
- El pueblo debe contar con mecanismos para fiscalizar, evaluar e incluso revocar a sus representantes si incumplen su mandato.
- Participación ciudadana constante y efectiva: que la democracia no se reduce al voto cada cinco años. Es un sistema que debe permitir a la ciudadanía:
- Opinar, proponer y deliberar sobre las decisiones que afectan su vida.
- Acceder a espacios de consulta vinculante y no simbólica.
- Organizarse libremente en movimientos, asociaciones o cabildos.
- Ejercer formas de control y vigilancia social de las instituciones.
- Justicia social y equidad en la toma de decisiones: que la democracia debe garantizar igualdad de condiciones y oportunidades para todos, y un sistema institucional que aplique la ley con equidad, sin privilegios ni impunidad. Esto requiere:
- Redistribución justa de la riqueza.
- Acceso universal a derechos como salud, educación, vivienda y trabajo digno.
- Independencia real del sistema judicial.
- Protección de los más vulnerables frente a abusos del poder o del mercado.
En Panamá, la representación está secuestrada por intereses partidistas; la participación es reducida a una votación cada cinco años, y la justicia social está subordinada a modelos económicos que priorizan el mercado sobre el ser humano. Se legisla sin diálogo; se gobierna sin escuchar al pueblo.
Entonces, la democracia deja de ser una herramienta del pueblo para convertirse en una estructura funcional al poder, que permite que unos pocos —amparados en el voto— usen el sistema para proteger sus intereses, blindar sus privilegios y legalizar sus abusos.
La Ley 462: legal, pero ilegítima
Muchos defienden la Ley 462 diciendo que fue aprobada conforme al procedimiento legislativo. ¿Pero eso basta para justificar su legitimidad?
Lo legal no siempre es lo justo. Y en democracia, la legitimidad no solo se mide por los votos, sino por la inclusión, la equidad y la transparencia.
Una ley que afecta profundamente el derecho a una jubilación digna no puede imponerse sin consulta real, sin datos públicos, sin diálogo amplio y plural. Cuando eso ocurre, el sistema deja de representar al pueblo para convertirse en su opresor.
De la obediencia pasiva al pensamiento activo
La frase “Democracia: capricho de pocos y perjuicio de muchos” refleja esa realidad silenciada por el discurso oficialista. En un país donde el pueblo solo es convocado, cada cinco años, para legitimar decisiones ya tomadas por el poder de facto, pensar se vuelve un acto revolucionario. Cuestionar no es subversión: es responsabilidad cívica de cada ciudadano.
Hoy, el pueblo panameño debe asumir su rol no solo como votante, sino como sujeto activo de transformación democrática. Exigir transparencia, fiscalización, control social, revocatoria de mandato, referéndums vinculantes y nuevos modelos de participación ciudadana.
¿Qué hacer? Apostar por un nuevo pacto social
La crisis institucional, la desconfianza en los partidos, la corrupción estructural y la exclusión social no se resuelven con maquillajes legales ni reformas cosméticas. Lo que Panamá necesita es una Nueva Constitución, redactada por el pueblo y para el pueblo.
Solo un proceso constituyente originario, con participación amplia, representativa, democrática y libre de los partidos tradicionales, puede garantizar:
- Un sistema realmente representativo, donde la ciudadanía tenga la posibilidad de participación
- Mecanismos reales de participación y control ciudadano sobre los cargos electos
- Una justicia social constitucionalizada, donde la desigualdad quede en la historia
- La independencia efectiva de los poderes públicos, elegidos y controlados por la ciudadanía
- Y un modelo económico al servicio del bienestar colectivo
Hoy más que nunca, urge una ciudadanía que piense, cuestione y actúe en unidad.
Porque si permitimos que la democracia siga siendo el capricho de unos pocos, seguiremos pagando con sacrificios, desigualdad y desesperanza el precio de su comodidad.