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Constitución de Panamá: raíz de los problemas estructurales

Por: Cristian Nieto Guerra – Docente universitario

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La Constitución vigente de Panamá fue originalmente impuesta en 1972 por un régimen militar (bajo Omar Torrijos), y aunque ha sido reformada (1983, 1994, 2004), su estructura autoritaria y centralista permanece intacta, siendo el origen de los siguientes problema:

1. Concentración del poder
  • El presidente nombra magistrados, ministros, procuradores, directores de entidades autónomas, diplomáticos y más. Sin que exista un proceso transparente y de selección que garantice los mejores intereses para la sociedad panameña.
  • No existen mecanismos de revocatoria, evaluación intermedia ni consulta popular vinculante. Que permita a la ciudadanía ejercer la veeduría, controlar y si es necesario quitarlos.
  • La Asamblea Nacional funciona como un aparato clientelista, sin fiscalización ciudadana real.
2. Debilidad institucional
  • La justicia es dependiente del Ejecutivo, Legislativo y del clientelismo político.
  • El Tribunal Electoral y otras entidades clave son vulnerables a la influencia partidista, siendo sus magistrados designados por el Ejecutivo y ratificado por el Legislativo.
  • No hay una democracia participativa ni espacios reales de control ciudadano.
3. Legalización del privilegio
  • Los partidos políticos tienen beneficios públicos (subsidios, privilegios) pero sin rendición de cuentas efectiva.
  • El modelo económico favorecido por la Constitución prioriza la acumulación sobre la distribución, provocando profunda desigualdad.
4. Exclusión del pueblo
  • La ciudadanía es convocada solo para votar, cada 5 años, pero no para participar en las decisiones que rigen el destino del país..
  • No se reconoce al pueblo como soberano deliberante: todo el poder real reside en élites partidistas y económicas.

¿Por qué la actual Constitución no garantiza una verdadera democracia ni justicia social?

Porque limita la democracia a lo electoral, y eso no suficiente. En una democracia verdadera:

  • El pueblo elige, fiscaliza y revoca.
  • El poder se controla horizontalmente (entre órganos) y verticalmente (desde la ciudadanía).
  • El sistema responde a las necesidades colectivas, no a intereses particulares.

Pero en Panamá:

  • Las leyes no reflejan la voluntad popular, sino acuerdos entre cúpulas.
  • No hay justicia para los que no tienen poder económico o político.
  • Las protestas son criminalizadas o desoídas porque el sistema no escucha, solo administra.

¿Qué debe incluir una nueva Constitución para garantizar democracia real y justicia social?

1. Democracia participativa y directa
  • Referendos vinculantes
  • Revocatoria de mandato
  • Iniciativa ciudadana sin barreras burocráticas
  • Cabildos y asambleas populares con carácter deliberativo
2. Justicia social como pilar
  • Acceso equitativo a salud, educación, trabajo y vivienda
  • Progresividad tributaria
  • Reconocimiento de derechos colectivos (indígenas, campesinos, trabajadores)
3. Independencia de poderes real
  • Elección popular o participación ciudadana en nombramientos clave
  • Órganos judiciales autónomos, sin dependencia partidista
  • Despolitización del Ministerio Público y la Corte Suprema
4. Justicia jurídica certera
  • Plazos y sanciones para los operadores de justicia que incumplan
  • Eliminación del uso abusivo de tecnicismos para favorecer impunidad
  • Control ciudadano sobre las decisiones judiciales de alto impacto

¿Por qué solo una Constituyente Originaria puede lograr este cambio?

La actual Constitución no permite su transformación profunda desde dentro

Las reformas parciales son bloqueadas por el mismo sistema que se beneficia del statu quo: Asamblea Nacional, partidos tradicionales y élites económicas.

Una Constituyente Originaria:
  • Parte de la soberanía del pueblo, no del poder constituido.
  • Rompe con el modelo heredado del militarismo y el clientelismo.
  • Permite rediseñar el Estado desde cero, con un nuevo pacto social.
Es un proceso liberador

Una constituyente originaria no es solo un mecanismo legal; es una expresión de emancipación popular, una oportunidad para que la ciudadanía vuelva a ser protagonista de su destino.

Conclusión: pensar como deber patriótico

Panamá no vive una democracia plena, sino una democracia limitada, administrada y manipulada por estructuras que no responden al bien común.
La tensión social es el reflejo de una sociedad sin herramientas para transformar su realidad.

Solo un proceso constituyente originario —democrático, amplio, transparente y participativo— puede romper ese círculo vicioso y abrir las puertas a una verdadera justicia social, democracia real e independencia de poderes.

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