Por: Cristian Nieto Guerra – Docente universitario.
La corrupción en Panamá ha evolucionado. Ya no necesita esconderse en maletines oscuros; ahora se pavonea a plena luz del día, legalizado por la Asamblea Nacional, firmada por el Ejecutivo y amparada por la Constitución militarista e impuesta desde 1972. La reciente transferencia de $150,000 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) exclusivamente a las juntas comunales de El Chorrillo y Las Garzas no es un acto de gestión pública; es la confesión de un sistema podrido hasta la médula.
Nos vendieron una vez más, la ilusión de que el manejo de los fondos públicos iban a ser gestionados de manera transparente y para el beneficio real de la población y lo que presenciamos es la ejecución del mismo instructivo de siempre, la privatización de los fondos del Estado por parte del partido gobernante. No es casualidad que las únicas beneficiarias sean juntas controladas por diputados oficialistas (Realizando Metas). Siendo el caso de la Junta Comunal de Las Garzas es el monumento a la degradación política: el dinero público aterriza en manos de Alaín Cedeño Jr., quien no solo es representante, sino también el hijo del diputado, su suplente en la curul y, para ponerle la cereza al pastel, asesor en la Asamblea con un salario de $5,000. Es un nepotismo circular, financiado por los impuestos de todo el pueblo panameño, donde el dinero sale del Ejecutivo y acaba en el bolsillo de la misma familia política que debería fiscalizarlo.
El ministro Chapman defiende esto alegando que «la ley le faculta» y que es «constitucional«. Y ese es precisamente el problema. Cuando el presidente Mulino —quien llegó al poder bajo la bandera de este mismo colectivo RM— permite que el presupuesto nacional funcione como una caja chica para sus copartidarios, nos demuestra que el cambio fue solo un eslogan más. Bajo la excusa de la legalidad, se perpetúa el esquema de esclavitud moderna donde las comunidades pobres pero «opositoras», como Chilibre, son condenadas a la miseria, mientras la lealtad política se premia con cheques del Tesoro Nacional.
Esto no se arregla cambiando de ministro ni eligiendo nuevos diputados ni cambiando de gobierno, mientras continúan las mismas reglas viciadas. Este escándalo es la prueba irrefutable de que el sistema actual está diseñado para la impunidad y el clientelismo. Las instituciones están secuestradas por una «legalidad» que legitima el robo moral.
Por ello, la única salida digna para liberar al pueblo panameño de este ciclo perverso es una Nueva Constitución. Necesitamos un reinicio total del sistema que desmantele la arquitectura de la corrupción legalizada. Una Carta Magna que garantice una independencia real de poderes, donde el Legislativo no pueda venderse al Ejecutivo por partidas; que asegure una justicia jurídica certera que castigue al corrupto en lugar de protegerlo; y que establezca una democracia participativa y justicia social real, donde el dinero del pueblo vaya a quien lo necesita, y no al hijo, socio o suplente del poder de turno. Sin una Constituyente, seguiremos siendo rehenes de una ley que sirve al verdugo y no a la víctima.