Por: Cristian Nieto Guerra – Docente universitario
En el Panamá de hoy, no sorprende —pero sí indigna— ver cómo la fuerza pública es enviada a reprimir a ciudadanos que exigen lo más elemental: agua potable, salud, educación, vivienda. El reciente caso de la representante Arielis Barría, golpeada y detenida por interceder en una protesta ciudadana, es solo la punta del iceberg de una realidad más profunda y dolorosa.
No se trata solo de un error policial o de un exceso momentáneo de autoridad. Se trata de un patrón estructural que hunde sus raíces en un modelo de poder sustentado en una Constitución nacida bajo la tutela de las armas. La Constitución de 1972, aunque reformada, sigue teniendo un espíritu autoritario que prioriza el control del Estado por encima de los derechos del pueblo. Sus líneas todavía reflejan el legado de los militares, con instituciones que no terminan de ser plenamente democráticas, con poderes que no son realmente independientes, y con un aparato de justicia más temido que respetado.
Cuando un pueblo pide agua y recibe toletes, gases lacrimógenos y detenciones, no estamos ante un simple problema de gestión: estamos ante una crisis de legitimidad. El pueblo panameño no puede conformarse con parches o reformas superficiales. La única solución verdadera es una Nueva Constitución, originada desde el pueblo y para el pueblo. Siendo su único requisito la UNIDAD CIUDADANA, para ser actores activos.
Una Constitución que no sea heredera de los caudillos de uniforme, sino hija de la soberanía popular. Una carta magna que garantice, de forma clara y concreta, democracia, justicia social, equidad, respeto a los derechos humanos, justicia jurídica certera y separación real de los poderes del Estado. Una Constitución que establezca mecanismos de control ciudadano sobre los funcionarios, transparencia en la gestión pública, y una justicia que no dependa del vaivén político.
La actual crisis social no es más que el eco de un modelo institucional agotado. Seguir defendiendo la estructura de 1972, por muy reformada que se presente, es defender el autoritarismo con otro rostro.
Panamá necesita una Constitución originaria. No solo para que nadie más tenga que protestar en las calles por agua, salud, educación, soberanía o calidad de vida, sino para que nadie más sea golpeado por pedir lo que, por derecho, ya nos pertenece.
El momento del cambio es ahora. Y corresponde al pueblo soberano dar el primer paso, trabajar por una fuerte organización y UNIDAD, para exigir el inicio del proceso Constituyente, alejando lo más posible la influencia del actual sistema CORRUPTO.