Por: Cristian Nieto Guerra – Docente universitario
En el Panamá de hoy, donde la impunidad se entrelaza con el poder, los ciudadanos vivimos en una realidad marcada por una Constitución que NUNCA ha sido garante de justicia, equidad e independencia de poderes. No hablamos de simples fallas del sistema, sino de una estructura institucional diseñada para proteger privilegios, blindar a los poderosos y mantener un statu quo, donde el pueblo ha sido relegado a simple espectador de su propio destino como servil esclavo.
El más reciente caso estremecedor y revelador de esta perversión constitucional ha sido el indulto otorgado a policías responsables de la muerte calcinada de cinco reclusos, quienes ardieron vivos en sus celdas bajo custodia del Estado. El acto no fue un error aislado ni un exceso administrativo: fue una decisión política amparada en el artículo 184, numeral 12 de la actual Constitución, que otorga al Presidente de la República la facultad de indultar y rebajar penas incluso en casos donde el Estado fue verdugo.
En aquel momento, 9 de enero de 2011, el Ministro de Seguridad encargado era José Raúl Mulino, hoy Presidente de la República. Este dato no es despreciable ni de poca importancia. Nos enfrenta a una verdad cruda: en Panamá, el poder se recicla, la justicia se politiza, y la memoria colectiva se adormece mientras la ley se utiliza como escudo de quienes deberían rendir cuentas.
¿Cómo puede una democracia autodenominarse tal, cuando el Ejecutivo puede neutralizar la acción del Órgano Judicial? ¿Qué independencia de poderes existe cuando se permite al presidente liberar a quienes han cometido crímenes graves bajo su mando, sin juicio público ni explicación ciudadana? ¿Dónde queda la justicia para las víctimas, para sus familias, para una sociedad que clama dignidad?
La respuesta no está en más reformas cosméticas ni en promesas que ya hemos escuchado por décadas. La raíz de TODOS nuestros grandes problema sociales está en la actual Constitución, nacida bajo un régimen militarista, centralista, presidencialista y profundamente antidemocrática. Sus mecanismos permiten que el poder Ejecutivo intervenga en decisiones judiciales, que los privilegios políticos se mantengan intactos, y que el pueblo siga sin poder ejercer su soberanía de manera plena y efectiva.
Por eso, la única solución real es una Constituyente Originaria. No una impuesta por los mismos actores que perpetúan el sistema, sino una genuinamente ciudadana, inclusiva, deliberativa y emancipadora. Una que borre los resabios autoritarios y ponga en el centro los derechos humanos, la justicia social, la equidad territorial, la participación directa, el control ciudadano del poder y la transparencia como regla.
No basta con denunciar o quejarse en redes sociales del horror del pasado y presente, si seguimos legitimando el marco legal que lo permite. Cada día que pasa sin una nueva Constitución, es un día más donde la impunidad puede ser legalizada, la injusticia institucionalizada, y la esperanza coartada.
Panamá no necesita más discursos ni quejadera en redes sociales. Necesita memoria, coraje y organización para construir una Constitución Originaria, forjada con la participación activa de la gran mayoría de la ciudadanía, desde abajo, por y para el pueblo. Esa es la única garantía de que nunca más los culpables de concentrar el poder se escuden en la ley, y que nunca más la justicia se inmole en nombre de la política.
Hoy la elección es clara: seguir presos de una Constitución militarista, o luchar por una verdadera Constitución originaria, democrática y justa. La historia está en nuestras manos. El momento es ahora.