Por: Cristian Nieto Guerra – docente universitario
En Panamá, la corrupción y el abuso de poder ya no son meras sospechas; son realidades que se evidencian con cada acto de quienes deberían proteger la democracia y el Estado de derecho.
Hoy vivimos en un país donde el poder legislativo viola abiertamente la Constitución que juró respetar, el poder ejecutivo actúa con la misma indiferencia hacia la norma suprema, y, para colmo, el poder judicial —la última esperanza del ciudadano para encontrar justicia— se une a esta cadena de desobediencia, favoreciendo sus propios privilegios.
Lo que debería ser un baluarte de equidad y justicia, se ha convertido en una maquinaria para la defensa de intereses personales y corporativos. Los magistrados, responsables de velar por la legalidad, han pasado a ser protagonistas de decisiones que solo profundizan la desigualdad. El aumento salarial desproporcionado y la creación de fondos de jubilación especiales para su propio beneficio son la evidencia más reciente de que la balanza de la justicia está inclinada hacia un solo lado: el suyo.
Esta decadencia moral y ética del sistema no es casualidad. Tiene raíces en una Constitución militarista, impuesta para consolidar el poder de unos pocos y no para servir a las mayorías. Bajo su marco, los tres poderes del Estado han encontrado justificación para blindar sus privilegios, perpetuar la impunidad y reforzar una distribución de la riqueza cada vez más desigual, donde el pueblo trabajador financia lujos a costa de su propia miseria.
En un contexto de crisis social y económica, donde miles de panameños enfrentan desempleo, servicios de salud colapsados y una educación en ruinas, resulta ofensivo que quienes gobiernan y administran justicia vivan como monarcas, blindados por leyes y acuerdos que ellos mismos dictan. Este comportamiento no solo destruye la confianza ciudadana, sino que también consolida un Estado donde la injusticia es fabricada por quienes deberían erradicarla.
Estamos ante el nivel máximo de decadencia social. Cuando la Constitución se convierte en un instrumento para garantizar privilegios en lugar de derechos, y cuando los guardianes de la ley se transforman en mercenarios del poder, la democracia se vacía de sentido. El pueblo panameño debe reconocer que esta situación no cambiará con simples reformas cosméticas. Se requiere unanueva Constitución que nazca de la voluntad soberana del pueblo, libre de ataduras militares y de la manipulación política que ha corrompido nuestra institucionalidad.
La indiferencia ciudadana, en este momento, es complicidad. La historia nos enseña que los pueblos que permiten que la injusticia reine desde las más altas esferas del poder, terminan pagando un precio más alto del que imaginan. Panamá necesita despertar y comprender que la lucha no es contra un gobierno en particular, la lucha es contra un sistema CORRUPTO, diseñado para perpetuar la desigualdad y la impunidad.
El momento es ahora de decidir si seguimos siendo esclavos de esta élite o ciudadanos libres y soberanos. Porque cada día que pasa, los mercenarios del poder continúan saqueando no solo el erario, sino la esperanza de toda una nación.