Por: Cristian Nieto Guerra – Docente universitario.
Hay países que construyen futuro con leyes. Panamá, en cambio, parece tener un cementerio legislativo con lápidas recién pulidas: proyectos que nacen con promesa pública y mueren en sesión permanente, lejos de las personas que los necesitan.
El Proyecto de Ley 83, que buscaba ponerle freno a la reelección inmediata de rectores de universidades estatales, terminó como terminan demasiadas cosas en este país: archivado. El título fue rechazado con 30 votos en contra, 26 a favor y 2 abstenciones. Y el mensaje político fue más fuerte que cualquier argumento académico: cuando una norma amenaza la continuidad del poder, el sistema se protege.
Pero sería un error tratarlo como un caso aislado. Lo del proyecto 83 es el “tráiler” de una película que ya hemos visto demasiadas veces: iniciativas que intentan corregir abusos, modernizar instituciones o introducir controles mínimos y que, por arte de magia parlamentaria, terminan devolviéndose, modificándose hasta volverse irreconocibles, o muriendo por desgaste político. La semana pasada el proyecto fue devuelto a primer debate desde el pleno. Y en ese regreso al taller, la propuesta se suavizó: de limitar la reelección, pasó a permitirla “pero solo por un período adicional”, con el objetivo de lograr el consenso necesario y aprobar la propuesta.
¿Y qué revela esta coreografía? Un pacto no siempre escrito, pero terriblemente eficiente: curules y rectores hablando el mismo idioma en que el poder prolongado se protege mejor cuando todos aceptan una regla tácita: “hoy te cubro a ti, mañana tú me cubres a mí”. No hace falta que todos se reúnan en un cuarto oscuro; basta con que compartan el mismo incentivo: no poner precedentes que luego les apliquen.
Porque limitar reelección en universidades no es un capricho: es una medida de salud institucional. La alternancia no garantiza santidad, pero reduce el riesgo de captura: redes de lealtades, miedo a discrepar, concursos amañados, investigación convertida en trámite, presupuesto usado como premio o castigo, y una “gobernanza” que se parece más a campaña eterna que a proyecto con visión de academia.
Y aquí está el punto más incómodo: cuando el poder legislativo normaliza su propia lógica de permanencia, esa lógica se filtra a todo lo demás. Si la política se organiza alrededor de la reelección como destino, entonces cualquier intento de alternancia en otra institución se interpreta como amenaza. No se debate en términos de calidad, sino en términos de control.
El Proyecto de Ley 83 es solo el último cadáver en un cementerio legislativo cada vez más grande. En Panamá, cualquier iniciativa que busque meritocracia, transparencia, extinción de dominio o recorte de privilegios, está condenada a morir en las comisiones o en el pleno. La Asamblea SIEMPRE ha sido el muro de contención contra el progreso nacional; un filtro diseñado para dejar pasar solo aquello que beneficia al status quo y triturar todo lo que empodere al ciudadano.
Ante este secuestro institucional, los parches ya no sirven. Reformar un código aquí o una ley allá es insuficiente cuando la podredumbre está en los cimientos del sistema político. La muerte del Proyecto de Ley 83 nos deja una sola lección clara: la arquitectura de nuestro Estado está diseñada para la corrupción, no para la justicia.
La única salida real, la única herramienta capaz de romper este pacto de impunidad entre curules y rectores, es reiniciar el sistema. Necesitamos una Nueva Constitución. Un nuevo contrato social que establezca reglas claras donde la separación de poderes no sea una ficción, donde la educación no sea un botín y donde la reelección, en cualquier cargo público, sea desterrada para siempre.
Mientras sigamos jugando con las reglas viejas, seguirán ganando los mismos de siempre. Y Panamá seguirá siendo, dolorosamente, un Estado cautivo.