CuConstituyente Panamá YA!
El pasado 21 de octubre de 2021, el procurador de la Administración, Rigoberto González, emitió concepto con relación a la demanda de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Suprema de Justicia contra las licencias ‘con sueldo‘ de los electos por votación popular.
Aprovechándose y, además, valiéndose del imperdonable conocimiento que tiene, la gran mayoría de nuestra población, de sus derechos y garantías en todos los terrenos, la empresa criminal conjunta que presiden Cortizo y Carrizo, han desatado una campaña destinada a imponer leyes que, so pretexto de combatir la criminalidad, en realidad atentan contra la libertad y seguridad ciudadana.
La legitimidad de una constitución política, propiamente dicha, reside en la voluntad de la mayoría ciudadana, expresada mediante su aprobación; principio doctrinario sintetizado en el texto: “El poder público solo emana del pueblo”.
Los más llamados a alertar a la ciudadanía, ante los peligros que encierra el proyecto de Ley #625 sobre “Extinción de Dominio”, han optado hasta ahora por guardar silencio. Silencio que, en la actuales circunstancias, los convierte en cómplices activos de la empresa criminal conjunta que gobierna nuestro país.
La administración de justicia es uno de los pilares fundamentales del Estado, de modo que el asombro por fallos aberrantes, particularmente en casos de alto perfil, es absurdo, lo que refuerza el hecho de que el actual sistema colapsó hace tiempo.
El fracaso de la actual administración es categórico e irrefutable. No tienen capacidad, ni voluntad para detener el curso de los acontecimientos, que nos conducen a una catástrofe de impredecibles e injustificables consecuencias.
El 28 de abril del presente, el Ministro de Seguridad Pública Juan Manuel Pino Forero, presentó ante la Asamblea Nacional, debidamente mandatado por el Consejo de Gabinete, el proyecto de Ley #625. Sobre “Extinción de Dominio”.
El día 23 de octubre, se cumplieron exactamente 44 años que la dictadura militar reinante en Panamá, impuso, en ausencia absoluta de libertades democráticas, el llamado “plebiscito” para lograr el “respaldo” a los Tratados Carter Torrijos,
¿Quién, en uso de sus facultades mentales, que consulte al médico, aprobaría someterse a una cirugía mayor, sin exámenes previos de laboratorio y/o pruebas que permitan descartar o confirmar la enfermedad? ¿Quién así no consultaría a otros especialistas ni pediría información sobre las probabilidades de recuperación y riesgos de complicaciones?; además, el consentimiento es deber del médico y derecho del paciente; cuyo incumplimiento genera responsabilidades.
Hoy por hoy, la administración de la Caja de Seguro Social, a través de sus principales autoridades, demuestra con creces, su decidida actuación a favor de las irregularidades, arbitrariedades de todo tipo, con consecuencias graves para los asegurados. La mayoría de las mismas se perpetran para proteger intereses personales de allegados, amistades o socios de los directivos.
El anuncio hecho por el conocido director de la Caja de Seguro Social, de un nuevo aumento del monto del denominado proyecto de la Ciudad de la Salud, es una abierta confesión de la megacorrupción que ha rodeado al mismo y de la nueva “rebusca” montada por los flamantes responsables de la Caja, con la llegada de la empresa criminal conjunta al poder.
Mientras mantienen distraída la atención de la opinión pública con el engañoso ‘Diálogo por le Caja de Seguro Social”, la gestión dentro de la Caja está dirigida a convertirla en el lugar de la coimas siempre aseguradas. Centenares de millones se pierden sin que exista una transparente rendición de cuentas, en diversos programas que lleva adelante la Caja. Ahora,con la denominada Ciudad de la Salud, serán más de mil millones de balboas que serán destinados a satisfacer la voracidad de la empresa criminal conjunta y su ramal en la Caja.
Frente a esta situación de interminable descripción, el estado de indefensión de los asegurados, -verdaderos dueños del Seguro Social-, es indescriptible pues no son tomados en cuenta sino para despojarlos de atención, medicinas, hospitalización, riesgos profesiones, pensiones de invalidez y muerte, jubilaciones, asistencia social, seguridad laboral, etc.
¿Y qué decir de las múltiples violaciones al debido proceso, por ejemplo, dentro de las reclamaciones por riesgos profesionales y otros procedimientos administrativos? Convertida en una Caja de coimas, botellas, salpiques, peculados y cuanta atrocidad pueda perpetrarse, el Seguro Social ya no tiene nada de seguro y mucho menos de social. Urge una reacción ciudadana!
Autor: Miguel Antonio Bernal V.
Catedrático – Universidad de Panamá