El contralor de la República permanece en silencio, mientras algunos funcionarios cobran simultáneamente salario en la UNACHI y en otros cargos gubernamentales.

Siempre se ha enfatizado que tener un título académico resultaba en el acceso a mejores oportunidades de empleo y desarrollo profesional. Todo esto bajo las exigencias de un riguroso plan de estudios, de asistencia a clases, de múltiples pruebas de conocimiento y hasta de un trabajo de investigación al final de las carreras. ¿Cuántos pasaron por este proceso? ¿Cuántos encontraron una satisfacción profesional? ¿Todavía se puede aspirar a estas metas dentro de las aulas universitarias estatales?
A pesar de que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, no sanciona aún el proyecto de ley que le daría oportunidad a la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, de postularse a un tercer período, los administrativos de este centro de estudios salieron a la calle a mostrar su apoyo a la cuestionada funcionaria.
Mientras que el presidente Cortizo balbucea, titubea y cancanea, al no atreverse a vetar el nefasto proyecto de Ley a favor de la corrupción, del nepotismo y la reelección en la UNACHI, aprobado por los diputados del PRD y del Panameñismo, la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá (FEDAP), ha emitido un comunicado que habla por sí solo.
Si bien la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) está a unos 450 kilómetros de distancia de la capital, los problemas que afronta son tan cercanos, que casi podemos tocarlos, como los de la Asamblea Nacional. Es un micromundo en el que están reflejadas todas nuestras vergüenzas: clientelismo, tráfico de influencias, licitaciones a la medida, nepotismo, conflictos de interés, negociados, juegos sucios, mentiras y graves faltas a la ética. Todo ello ocurre –que es, a mi juicio, lo más grave– en una universidad pública, en donde miles de estudiantes reciben, sin pedirlo ni desearlo, clases prácticas de corrupción.
El Instituto de Estudios Políticos e Internacionales (IEPI), organización no gubernamental, sin fines de lucros ha puesto a disposición del público lector de nuestro país, la obra del compatriota César Díaz Brandao: ¿Quién mató a Remón?
El rechazo de parte de la partidocracia, vieja y nueva, a la necesidad de un proceso hacia una Constituyente, sumado al descarnado oportunismo de los gatopardistas defensores de la paralela, adhieren ahora los ‘inventarios’ de cosas por hacer, pero, eso sí, dentro del mismo sistema antidemocrático y anti-institucional contenido en la constitución militarista impuesta. O sea, aquellos que quieren hacer una torta sin quebrar los huevos.
Traigo a estas páginas las enseñanzas del cientista-político Steven Levitsky, profesor de Gobierno y de Estudios Sociales, en la Universidad de Harvard, quien acuñó en su obra Competitive Authoritarianism, la expresión «autoritarismo competitivo» para referirse a los regímenes políticos híbridos, donde las instituciones democráticamente formales existen y hasta permiten elecciones libres, pero luego los gobiernos electos violan las reglas de juego con demasiada frecuencia.
Para el catedrático Levitsky, “en los regímenes de autoritarismo competitivo existen, cuatro arenas de competencia a través de las cuales la oposición puede desafiar y eventualmente vencer a los gobernantes autocráticos, pero la tarea no es nada fácil. En la arena electoral, las elecciones son competitivas, pero existe un uso abusivo de los recursos del Estado por parte del partido que está en el poder. En la arena legislativa, existe un férreo control del bloque de diputados oficialistas, pero las fuerzas de la oposición tienen una plataforma para denunciar al régimen.
“En la arena judicial, por lo general, los gobiernos del autoritarismo competitivo intentan subordinar a los jueces, por procedimientos sutiles o inclusive acudiendo al uso de amenazas y presiones explícitas, aunque estos actos pueden acarrear costos significativos en términos de legitimidad nacional e internacional. Finalmente, son los medios de comunicación la cuarta arena donde encuentran la mayor barrera de contención los regímenes autoritarios competitivos. El Gobierno intenta consolidar una cadena de medios oficiales y busca con frecuencia reprimir la prensa independiente, valiéndose de mecanismos como el reparto selectivo de la publicidad del Estado, la manipulación de los organismos de intervención del Estado o la aplicación arbitraria de las leyes que regulan los servicios audiovisuales”.
En Panamá impera un creciente autoritarismo competitivo apadrinado. Aquí, se han alterado, adulterado, desviado, degenerado las reglas del juego, gracias al comportamiento pasivo y complaciente de la partidocracia. La ausencia de oposición para frenar el autoritarismo progresivo del gobierno nos ha minado, dividido y desviado de un Panamá democrático.
Autor: Miguel Antonio Bernal V.
Catedrático – Universidad de Panamá
La vorágine que nos arrastra como sociedad, como país, como República, como nación y Estado, ha alcanzado impunemente también, a la academia.