Por: Miguel Antonio Bernal – Catedrático universitario
La inconformidad y desconfianza que impera en la población panameña, generada por los últimos gobiernos con sus actuaciones a favor de la corrupción y la impunidad, hacen más imperativa y necesaria la alfabetización constitucional.
No es para nadie un secreto que, hoy por hoy, la constitución impuesta hace 53 años para legitimar la dictadura, ha hecho un grave daño al tejido social puesto que las normas se perciben como injustas, ineficaces y anti ciudadanas. Ello ha creado un resentimiento jurídico que continua en aumento.
Dicho resentimiento jurídico requiere que los ciudadanos alcancemos un mayor y mejor conocimiento y defensa de nuestros derechos, garantías, compromisos y deberes. Ello es una vía para lograr un mejor conocimiento del derecho en sus manifestaciones más íntimas y una nueva normatividad jurídica que logre una mayor efectividad jurídica para la sociedad.
Nos enseña Pablo Lucas Verdú que: “cuando un ordenamiento jurídico es capaz de suscitar amplia e intensa adhesión efectiva a sus formaciones y sobre todo, a sus instituciones que más enraizan con las bases sociales, entonces tal ordenamiento es algo vivo, no está allí, alejado, nutriéndose solitariamente de sus propias interconexiones e interpretaciones formales, sino que penetra en la entraña popular y entonces es ordenamiento sentido”.
Ese ordenamiento sentido es el que no tenemos hoy por hoy en nuestra sociedad panameña. El más de medio siglo sin constitución propiamente dicho, ha hecho y hace un daño ético que nos corresponde a los ciudadanos reparar. Una vía para dar inicio a esa reparación es la alfabetización constitucional y la participación ciudadana.
Pero, para que sean efectivos el ordenamiento jurídico y la dinámica que conlleva el proceso constituyente originario, es necesario que se dé una amplia e intensa adhesión efectiva y afectiva de todos los componentes de la sociedad.
En su obra El Sentimiento Constitucional, el respetado constitucionalista español Pablo Lucas Verdú, nos explica y enseña que -en principio-, “el sentimiento constitucional consiste en la adhesión interna a las normas e instituciones fundamentales de un país, experimentando con intensidad, más o menos consciente, porque se estiman (sin que sea necesario un conocimiento exacto de sus peculiaridades y funcionamiento) que son buenas y convenientes para la integración, mantenimiento y desarrollo de una justa convivencia”.
En base a lo anterior, el proyecto nacional que es el darnos a los ciudadanos una nueva y democrática Constitución requiere que, desde su fase inicial, que es la alfabetización constitucional de todos los sectores de nuestra población, se vaya generando ese sentimiento constitucional que, junto al sentimiento jurídico, nos permite integrar a nuestra sociedad entera para alcanzar una concertación que sirva de mínimo común denominador en favor de los intereses de la nación entera.
