Hace 42 años tras la llegada del Sha de Irán a Panamá, que fue una imposición de Jimmy Carter, aceptada con sumo agrado por Torrijos, las protestas en Panamá no se hicieron esperar

Hace 42 años tras la llegada del Sha de Irán a Panamá, que fue una imposición de Jimmy Carter, aceptada con sumo agrado por Torrijos, las protestas en Panamá no se hicieron esperar
La actual administración, sumida en la absoluta inoperancia y descrédito, gracias a incompetencia, corrupción e impunidad; con suprema irresponsabilidad y abyección, menospreciando nuestra historia y ultrajando la dignidad ciudadana, con el pretexto de optimizar la administración del agua para abastecer la población y al Canal, entrega la gestión de este invaluable recurso, al ejército de la nación, que reubicó la perpetuidad en un “segundo Tratado”, y doce años después la usó para escribir una de las páginas más horrendas, sangrientas y vergonzosas de la historia de la humanidad, causando la muerte de un número indeterminado de víctimas, la destrucción de la economía nacional y el sometimiento psicológico, del cual muchos parecieran no haberse percatado; situación que explicaría la excedida genuflexión, pero jamás justificarla.
El pasado 21 de octubre de 2021, el procurador de la Administración, Rigoberto González, emitió concepto con relación a la demanda de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Suprema de Justicia contra las licencias ‘con sueldo‘ de los electos por votación popular.
Aprovechándose y, además, valiéndose del imperdonable conocimiento que tiene, la gran mayoría de nuestra población, de sus derechos y garantías en todos los terrenos, la empresa criminal conjunta que presiden Cortizo y Carrizo, han desatado una campaña destinada a imponer leyes que, so pretexto de combatir la criminalidad, en realidad atentan contra la libertad y seguridad ciudadana.
La legitimidad de una constitución política, propiamente dicha, reside en la voluntad de la mayoría ciudadana, expresada mediante su aprobación; principio doctrinario sintetizado en el texto: “El poder público solo emana del pueblo”.
Los más llamados a alertar a la ciudadanía, ante los peligros que encierra el proyecto de Ley #625 sobre “Extinción de Dominio”, han optado hasta ahora por guardar silencio. Silencio que, en la actuales circunstancias, los convierte en cómplices activos de la empresa criminal conjunta que gobierna nuestro país.
La administración de justicia es uno de los pilares fundamentales del Estado, de modo que el asombro por fallos aberrantes, particularmente en casos de alto perfil, es absurdo, lo que refuerza el hecho de que el actual sistema colapsó hace tiempo.
El fracaso de la actual administración es categórico e irrefutable. No tienen capacidad, ni voluntad para detener el curso de los acontecimientos, que nos conducen a una catástrofe de impredecibles e injustificables consecuencias.
El 28 de abril del presente, el Ministro de Seguridad Pública Juan Manuel Pino Forero, presentó ante la Asamblea Nacional, debidamente mandatado por el Consejo de Gabinete, el proyecto de Ley #625. Sobre “Extinción de Dominio”.