CuConstituyente Panamá YA!Temas relacionados al acontecer cotidiano en nuestra sociedad
El 10 de marzo de 2022, el presidente de la República, Laurentino Cortizo –en gira a la comarca Ngäbe Buglé– sancionó la ley que creó la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas (UAPI), a fin de “fortalecer el sistema educativo a nivel superior en las comunidades indígenas”.
Carta Abierta al Ciudadano Presidente de la República de Panamá de parte del Movimiento de Ciudadanos Unidos por la Constituyente:
Ciudadano Presidente:
Cualquier persona, en nuestro país, sin riesgo alguno, podría fingir desconocer la gravísima crisis, integral, profunda y generalizada, que atravesamos, cuyas repercusiones socioeconómicas son cada vez más acentuadas y lesivas.
Frente a las movilizaciones de la población colonense, que agobiada por las duras realidades que los aquejan, ha salido masivamente a las calles a defender su derecho a una vida digna, el Presidente de la República, siguiendo el bochornoso antecedente de sus predecesores, decidió montar un espectáculo mediático con el fin de intentar confundir a la opinión ciudadana.
Por increíble que parezca, de la biblioteca Dr. Eusebio A. Morales, del Instituto Nacional, ¡solo quedan anaqueles vacíos!; como egresado de la generación diciembre 1965, y beneficiario de ese prodigioso abrevadero, siento pesar, porque además de que estuvo dotada con suficientes ejemplares de los textos reglamentarios, contaba con la mayoría absoluta de las principales obras de referencia del bagaje cultural, humanístico, científico y literario disponible en las mejores bibliotecas de la región; por lo que, el cuerpo docente las recomendaba de lectura complementaria para las cátedras de los tres bachilleratos; era una biblioteca completa, funcional y actualizada.
La desenfrenada carrera hacia la perversión, de parte del poder político, no tiene acabadero. A tal punto que han reaccionado con el mayor desprecio a la iniciativa ciudadana de participar en la revocatoria de mandato del alcalde de la ciudad capital.
La revocatoria de mandato, veterana institución decimonónica de carácter jurídico y político, es el mecanismo constitucional para que los ciudadanos puedan revocar el mandato político que, electoralmente, le hubiesen dado a una autoridad, “cuando consideren que ha incurrido en faltas de capacidad o de Probidad en el ejercicio de sus funciones”.
En los Estados de Derecho donde rige constitucionalmente la revocatoria de mandato, los ciudadanos como electores tienen el sagrado derecho a elegir, pero también el derecho a destituir al servidor público electo para un cargo de elección popular. Este mecanismo es una expresión del ejercicio de la ciudadanía, es decir del poder que le cabe a los ciudadanos, allí donde existe el reconocimiento, protección y respeto, debidamente constitucionalizado e institucionalizado, del poder Ciudadano.
Nuestro país, aferrado aún a la constitución impuesta hace cincuenta años, no tiene la más mínima práctica de revocatoria de mandato.
En nuestra sociedad, en la que la razón y la ilusión han sido desplazadas por la irracionalidad y la corrupción y con una seguridad jurídica permanentemente violentada y violada por los órganos del Estado, la revocatoria de mandato a la fecha solo ha existido en el papel. Los partidos políticos y no los electores, son los que pueden revocar el mandato a los diputados (Artículo 151 de la CN). Los representantes de corregimiento y alcaldes, podrán perder su representación “por la revocatoria de mandato, conforme lo reglamenta la Ley” (Artículo 227 de la CN).
Dado que el Tribunal Electoral tiene, por Constitución, el monopolio y centralización absoluta de todo lo que sea “materia electoral” y, dado también que los magistrados del mismo están dedicados –enteramente- a excluir a los ciudadanos, no es de extrañar las diversas triquiñuelas contra la ciudadanía para impedir la revocatoria de su protegido.
La marcha convocada por la Asociación de Alcaldes y Representantes, en contubernio con los tres magistrados del Tribunal Electoral, es la mejor prueba de las aguas en que navegan.
Autor: Miguel Antonio Bernal V.
Catedrático – Universidad de Panamá
Etelvina de Bonagas, entre los mejores pagados de la administración pública (más de $13 mil al mes), dijo que su salario es un ‘derecho adquirido’. Negó que la UNACHI sea un botín político.
El Consejo Nacinal de la Empresa Privada (CoNEP) expresó su preocupación por la Ley 292 del 1 de abril de 2022, que modifica la ley 4 del 2026, que reorganiza la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI).
Hoy quiero hacer algo que usualmente no hago en esta columna: felicitar. Y lo quiero hacer porque son felicitaciones más que merecidas en tiempos de indolencia e indiferencia. Llevo semanas viendo cómo estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) y ciudadanos de la provincia chiricana han dejado momentáneamente sus celulares para ir a las calles y pedirle al primer obrero del país –o sea, a Laurentino Cortizo– que vete el Adefesio que le daría legalidad a una ilegalidad: permitir que la rectora de la institución tenga oportunidad de reelegirse por tercera vez.
Moisés Enrique Medianero Bonagas, hijo de la rectora de la UNACHI, fue contratado por la Secretaría de Descentralización, a través de la Presidencia de la República bajo la figura de “servicios especiales”.
La aprobación expedita en tercer debate del proyecto de ley 756 en la Asamblea Nacional, que permitiría la tercera reelección consecutiva de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Etelvina Medianero de Bonagas, podría dar continuidad a los negocios de la UNACHI con empresarios vinculados a Medianero de Bonagas.