Constituyente Originaria o DICTADURA

Por: Cristian Nieto Guerra – Docente universitario

DICTADURA: es un régimen político autoritario donde el poder se concentra en una persona o en un grupo, con poca o ninguna posibilidad de participación ciudadana y donde la oposición es reprimida. Se caracteriza por la falta de democracia, la violación de los derechos humanos y la supresión de las libertades individuales.

En Panamá, los problemas sociales parecen multiplicarse a diario: corrupción institucionalizada, impunidad judicial, autoritarismo del Ejecutivo, leyes que favorecen a minorías privilegiadas, empresas que destruyen el ambiente sin consecuencias, pobreza creciente y desigualdad estructural. Cada uno de estos males genera indignación, protestas y esfuerzos aislados por resolverlos. Sin embargo, como pueblo, seguimos atrapados en un ciclo vicioso: luchar contra los efectos, mientras ignoramos la causa estructural que los origina y los reproduce. Esa causa tiene nombre: una Constitución militarista e impuesta por una dictadura hace más de 50 años.

La actual Constitución panameña, creada en 1972 por un régimen militar, fue pensada para centralizar el poder, limitar la participación ciudadana y proteger los intereses de una élite político y económica. Aunque ha sido reformada varias veces, sus fundamentos autoritarios siguen vivos. No es una carta magna nacida del pueblo ni pensada para democratizar la vida pública. Es, más bien, una camisa de fuerza institucional, es un estatuto constitucional, que impide que el pueblo haga uso de su poder soberano y recupere el control sobre la elección de nuestro destino, dejando dicho privilegio en manos de la élite política y económica que desde siempre ha estado abusando del pueblo panameño.

Por eso, luchar por resolver la corrupción sin cambiar la Constitución es como secar el suelo sin cerrar la llave que lo inunda. Exigir justicia en casos puntuales de impunidad, sin cambiar la estructura judicial sometida al Ejecutivo, es una lucha que se agota. Protestar contra leyes abusivas sin modificar el sistema que permite que unos pocos legislen para sí mismos, es caer en el juego del desgaste cívico. Y reclamar contra la destrucción ambiental y el robo de los recursos minerales, sin reformular el modelo extractivista que consagra la Constitución actual, es pelear con los ojos vendados.

Una Constituyente Originaria representa, la única vía legítima, sin limitaciones ni influencia del sistema actual corrupto y transformadora para reorganizar, en unidad, la sociedad panameña. No como una imposición de los partidos políticos ni como un maquillaje jurídico, ni con privilegios para el poder de facto, sino como un proceso democrático, amplio, plural, en igualdad y participativo. Un proceso que permita al pueblo convertirse en el verdadero poder soberano constituyente, capaz de redactar una nueva Constitución que garantice:

1. Competencia Democrática y de Participación Ciudadana

Debe garantizar mecanismos para que el poder soberano emane del pueblo y esté siempre bajo su control. Esto implica:

Mecanismos de control y revocatoria de mandato para TODOS los cargos de elección popular.
Referéndum vinculante para aprobar o rechazar leyes con gran impacto social.
Iniciativa ciudadana legislativa sin obstáculos burocráticos.
Cabildos abiertos y asambleas ciudadanas con peso deliberativo.
Voto libre, transparente, fiscalizado, con paridad, sin clientelismo y equidad de condiciones.

2. Competencia Judicial y de Independencia de los Poderes

Debe asegurar un Poder Judicial verdaderamente autónomo, con competencias claras para:

Sancionar la corrupción, con castigos ejemplares y resarcimiento, sin interferencia política.
Garantizar el acceso igualitario y con transparencia a la justicia.
Proteger derechos fundamentales sin discriminación.
Supervisar de oficio a los otros poderes a través de acciones de inconstitucionalidad, habeas corpus, amparos y medidas cautelares eficaces.
Establecer carreras judiciales meritocráticas y ciudadanamente evaluables.

3. Competencia Educativa, Cultural y de Pensamiento Crítico

Una nueva Constitución debe comprometer al Estado a garantizar:

Educación gratuita, pública, laica y de calidad en todos los niveles.
Alfabetización constitucional, política y ecológica como parte del currículo escolar.
Protección y fomento de la identidad nacional, las culturas originarias y las expresiones artísticas comunitarias.
Libertad de cátedra, investigación y expresión intelectual sin censura ni represión.

4. Competencia Económica, Social y Redistributiva

La nueva carta magna debe priorizar una economía al servicio del bien común, no de la acumulación desmedida. Debe establecer competencias para:

Regular el mercado y limitar los monopolios.
Garantizar el derecho al trabajo digno, la seguridad social y la vivienda.
Promover una política tributaria progresiva, equitativa y justa.
Impedir la privatización de bienes públicos esenciales.
Reconocer la economía popular, comunitaria e informal como parte del desarrollo.

5. Competencia Ambiental y de Sostenibilidad

El nuevo texto debe asumir que la protección del ambiente es un deber constitucional, no una opción secundaria. Para ello, debe:

Garantizar el derecho humano al agua, al aire limpio, y a vivir en un ambiente sano.
Otorgar herramientas legales al Estado y a la ciudadanía para detener megaproyectos contaminantes.
Reconocer los derechos de la naturaleza como sujeto de protección.
Exigir consultas previas, libres e informadas a las comunidades afectadas por actividades extractivas.
Establecer la soberanía sobre recursos estratégicos como el Canal de Panamá, los bosques, mares y minerales.

6. Competencia Organizacional del Estado

La nueva Constitución debe rediseñar el aparato estatal para hacerlo más transparente, eficiente y accesible, garantizando:

Un modelo de descentralización participativa y no clientelista.
Órganos de control independientes, técnicos y ciudadanamente supervisados.
Eliminación de privilegios en la función pública.
Eliminación de la reelección y del abuso del fuero electoral o judicial.
Transparencia total sobre uso de fondos públicos (presupuesto, contrataciones, subsidios).

7. Competencia de Soberanía Nacional e Internacional

Debe garantizar que las relaciones exteriores y los tratados internacionales:

No comprometan la soberanía del país ni los derechos fundamentales.
Requieren consulta y ratificación popular en temas que afecten recursos naturales, soberanía territorial o condiciones laborales.
Se alineen con principios de solidaridad, no intervención, justicia global y respeto a los pueblos.

Seguir atacando los problemas por separado es fragmentar la lucha, dividir al pueblo, y fortalecer a quienes se benefician del caos. En cambio, una Constituyente Originaria unifica las luchas, canaliza el descontento en una vía constructiva y da sentido estratégico a la indignación popular.

El pueblo panameño no necesita más parches. Necesita refundar el país. Y eso solo será posible si reconocemos que el verdadero enemigo no es solo la corrupción, la impunidad o una ley injusta. El verdadero obstáculo es un sistema que los permite, los protege y los reproduce desde la raíz constitucional.

Por eso, hoy más que nunca, la consigna debe ser clara: ¡Constituyente Originaria YA! No como un capricho ideológico, sino como una necesidad histórica y patriótica.