CuConstituyente Panamá YA!
Por: Cristian Nieto Guerra – Docente universitario.
La corrupción en Panamá ha evolucionado. Ya no necesita esconderse en maletines oscuros; ahora se pavonea a plena luz del día, legalizado por la Asamblea Nacional, firmada por el Ejecutivo y amparada por la Constitución militarista e impuesta desde 1972.
Por: Cristian Nieto Guerra – Docente universitario.
La votación de hoy en la Asamblea Nacional no fue un ejercicio de legislación, fue una confesión de parte. Cuando 30 diputados apretaron el botón para hundir el Proyecto de Ley 83, no estaban protegiendo la «autonomía universitaria», ni defendiendo la educación superior. Estaban protegiendo su propio reflejo en el espejo.
Por: Cristian Nieto Guerra – Docente universitario.
Confundir legalidad con justicia es una trampa histórica: el esclavismo y el fascismo fueron atroces, pero perfectamente legales. Hoy, cuando la corrupción se blinda con normas a la medida y el saqueo se vuelve un trámite administrativo, cobra vigencia una máxima ineludible: cuando la injusticia se legaliza, la desobediencia es un deber. Ante leyes diseñadas para proteger el abuso, la obediencia ciega no es civismo, es complicidad.
Como vengo planteando en artículos anteriores en este mismo medio, los rasgos característicos de un proceso constituyente democrático, vienen evolucionando desde 1793.
Es así que surge entonces, el llamado poder constituyente constituido, emana una contradicción en sus propios términos, porque es como llamar a algo por lo uno y lo contrario, dentro del mismo concepto.
Este denominado poder constituyente constituido fue, a la vez, una brillante y perversa construcción dogmática. Se reconocía que hay una activación del poder constituyente originario en un momento dado en la historia; allí se hace una primera Constitución con la participación de la sociedad. Pero para cambiar la Constitución, el procedimiento previsto en la Constitución no incluye la participación del pueblo.
En Conferencia dictada por el catedrático Roberto Viciano sobre Constitucionalismo democrático ( 19 de junio de 2012- Hotel Continental de Panamá) y, reproducida en el Cuaderno de lecturas constitucionales No. 1. Panamá, 25 de febrero 2025, nos señalaba que:
“La participación popular se circunscribe al momento fundacional del Estado liberal. A partir de ese momento, las constituciones pasan a ser reformadas en el seno de los Parlamentos donde están sentadas las personas que deben ser objeto de limitación por la Constitución. Es decir, se entrega el poder de cambiar los límites que la sociedad había establecido sobre el poder político a los mismos que ejercen el poder político. Como podemos suponer, esas personas, cuando entran a realizar reformas constitucionales, no las hacen para limitar su capacidad de acción, no las hacen para equilibrar los poderes, sino que normalmente las hacen para reafirmar aún más sus capacidades de aprovechar el poder público; no para el interés general, sino para el interés particular”
Sobre este punto, según el doctor César Quintero Correa: “al llamado poder constituyente ‘constituido’” también se le suele designar poder constituyente “derivado”. (ver Quintero, César. Crítica a la teoría pura del poder constituyente, Cultural Portobelo, Pequeño Formato No. 71, Derecho Constitucional). También se puede consultar a Vladimiro Naranjo Mesa,. Teoría constitucional e instituciones políticas, Novena edición, Editorial TEMIS, Bogotá, 2003.
Por: Miguel Antonio Bernal V. – Catedrático universitario
Los acontecimientos sociopolíticos que se desbordan durante las tres última décadas, plantean la urgente necesidad de contar con un proyecto nacional que no puede ser otro que el cambio hacia una nueva Constitución, con una activa participación ciudadana a través de una Asamblea Nacional Constituyente (originaria).
Por: Cristian Nieto Guerra – Docente universitario.
Existe una élite política y económica en Panamá que ha convertido el caos institucional en su modus vivendi. Son aquellos que ven en la debilidad del Estado una oportunidad de mercado y cuando escuchan: “si este Estado no se reforma, fracasaremos… el sistema jurídico-político vigente no funciona” entonces aparecen como los “guardianes” del sistema, que curiosamente viven muy bien dentro de él.
Por: Cristian Nieto Guerra – Docente universitario.
Este resultado no es un simple error de procedimiento ni un simple tecnicismo legal; es el síntoma putrefacto de una enfermedad crónica que padece el sistema que rige a Panamá.
Por: Miguel Antonio Bernal V. – Catedrático universitario.
La crisis de legitimidad y la salida constituyente (1)
Planteaba en el artículo precedente (Estrella de Panamá, diciembre 8,2025) que: la necesidad de tener presente el escenario político que generó la elección presidencial del pasado mayo 2024, así como la ausencia de un claro liderazgo a nivel nacional, lo que hace más que obligatorio la necesidad de contar con un proyecto nacional, que no puede ser otro que el cambio constitucional a través de una Asamblea Nacional Constituyente (originaria), como se ha venido planteando a lo largo de muchas décadas.
Por: Cristian Nieto Guerra – Docente universitario.
La invasión del 20 de diciembre de 1989 derrocó al dictador, pero dejó intacto su legado más peligroso: la estructura constitucional. La transición que siguió a la ‘Causa Justa’ se construyó sobre una contradicción fundamental, pues al no convocar a una Asamblea Constituyente, la naciente democracia aceptó tácitamente las reglas de juego del régimen militarista que acababa de caer. Se eligió el privilegió de la ‘gobernabilidad’ inmediata, condenando a la población a la esclavitud de un sistema CORRUPTO.
Por: Cristian Nieto Guerra – Docente universitario.
La Constitución actual reza, casi con cinismo poético, que «el poder público solo emana del pueblo». Sin embargo, la realidad operativa del Estado ha convertido esta frase en el mayor sofisma de nuestra historia republicana. Lo que hoy presenciamos no es un país de frenos y contrapesos, sino una arquitectura diseñada para el contubernio: un pacto tácito de no agresión entre los tres órganos del Estado, donde la impunidad es la moneda de cambio y el ciudadano, un mero espectador cada cinco años.