Los electores tienen el sagrado derecho a elegir, pero también el derecho a destituir al servidor público
La desenfrenada carrera hacia la perversión, de parte del poder político, no tiene acabadero. A tal punto que han reaccionado con el mayor desprecio a la iniciativa ciudadana de participar en la revocatoria de mandato del alcalde de la ciudad capital.
La revocatoria de mandato, veterana institución decimonónica de carácter jurídico y político, es el mecanismo constitucional para que los ciudadanos puedan revocar el mandato político que, electoralmente, le hubiesen dado a una autoridad, “cuando consideren que ha incurrido en faltas de capacidad o de probidad en el ejercicio de sus funciones”.
En los Estados de Derecho donde rige constitucionalmente la revocatoria de mandato, los ciudadanos como electores tienen el sagrado derecho a elegir, pero también el derecho a destituir al servidor público electo para un cargo de elección popular. Este mecanismo es una expresión del ejercicio de la ciudadanía, es decir del poder que le cabe a los ciudadanos, allí donde existe el reconocimiento, protección y respeto, debidamente constitucionalizado e institucionalizado, del poder ciudadano.
Nuestro país, aferrado aún a la constitución impuesta hace cincuenta años, no tiene la más mínima práctica de revocatoria de mandato.
En nuestra sociedad, en la que la razón y la ilusión han sido desplazadas por la irracionalidad y la corrupción y con una seguridad jurídica permanentemente violentada y violada por los órganos del Estado, la revocatoria de mandato a la fecha solo ha existido en el papel. Los partidos políticos y no los electores, son los que pueden revocar el mandato a los diputados (Artículo 151 de la CN). Los representantes de corregimiento y alcaldes, podrán perder su representación “por la revocatoria de mandato, conforme lo reglamenta la Ley” (Artículo 227 de la CN).
Dado que el Tribunal Electoral tiene, por Constitución, el monopolio y centralización absoluta de todo lo que sea “materia electoral” y, dado también que los magistrados del mismo están dedicados –enteramente- a excluir a los ciudadanos, no es de extrañar las diversas triquiñuelas contra la ciudadanía para impedir la revocatoria de su protegido.
La marcha convocada por la Asociación de Alcaldes y Representantes, en contubernio con los tres magistrados del Tribunal Electoral, es la mejor prueba de las aguas en que navegan.
Autor: Miguel Antonio Bernal V.
Catedrático – Universidad de Panamá
