Por: Miguel Antonio Bernal V. – Catedrático universitario
El cambio constitucional, al cual nos acometemos con el proceso constituyente originario ya iniciado con la alfabetización constitucional es, sin lugar a dudas, una respuesta tardía a una situación de crisis que venimos arrastrando como sociedad, desde la caída de la dictadura militar que imperó en Panamá durante 21 largos años.
Si tomamos en cuenta, como corresponde, que “los cambios constitucionales tienen lugar en el límite entre la política y el derecho”, la situación coyuntural en la que nos encontramos nos debe conducir a resolver la encrucijada creada por la tensión entre Constitución y democracia. Al desenvolvernos, por más de medio siglo, como una sociedad con un estatuto constitucional impuesto y un espejismo de democracia, el cambio constitucional debe recibir la atención, preparación y participación de todos.
Impuesto en 1972, tras haber decapitado la Constitución de 1946, para legalizar y legitimar a la dictadura, el Estatuto constitucional aún imperante, contrariamente a lo que a lo largo de todos estos años algunos han querido hacer creer, mantiene su esencia autoritaria a través del hiperpresidencialismo, la falta de mecanismos de participación y control ciudadano, la absoluta ausencia de separación de poderes, la inexistencia de un régimen municipal, por mencionar solo algunas.
Los cambios constitucionales vividos en nuestro continente, a partir del proceso constituyente en Colombia en 1991, han generado pasos decididos hacia una legitimación democrática y poder así, contar con un constitucionalismo más democrático y democratizador.
Nos corresponde entonces desarrollar el potencial democrático del proceso constituyente para el cambio constitucional, así como también los objetivos que debemos alcanzar con el proyecto nacional en que debe convertirse el propósito de darnos una nueva Constitución. Así entonces, no podemos eludir darle a los conceptos de pueblo, participación ciudadana, poder constituyente, su verdadero valor para el proyecto de profundización democrática que corresponde.
Caminar, sin prisa, pero sin pausa, hacia el cambio constitucional, implica y conlleva activar el poder constituyente, llevar a la práctica la cada vez más necesaria participación ciudadana, para empoderar a los ciudadanos y, poder así modificar el poder político para controlar su irracional actuar, catapultado por el autoritarismo y el centralismo que resulta de la concentración del poder.
El cambio constitucional conlleva, además de la participación, la necesaria creación constitucional en la que la población se vincule más con sus derechos, deberes y compromisos ciudadanos para una efectiva transformación.
